La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Cristina Plazas Michelsen, informó que la entidad realizará una intervención inmediata para combatir la desnutrición de los niños de comunidades indígenas de La Guajira.
El anunció de la directiva se presentó ante la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, pero además de solicitar el apoyo de las autoridades departamentales, los alcaldes y las comunidades indígenas, para verificar el cumplimiento de la misión de fortalecimiento a la protección de esta población.
Para realizar dicha labor, se nombrará un Gerente encargado de articular con los diferentes actores para el cumplimiento las metas.
“La Guajira, sus familias y sus niños, niñas y adolescentes son una prioridad del Gobierno. El Presidente Juan Manuel Santos tuvo como primera acción de su segundo mandato, hacer presencia en La Guajira para anunciar la perforación de 100 pozos profundos y así enfrentar la problemática de la falta de agua”, dijo.
Agregó que ese propósito también pretende “extender al ciento por ciento la cobertura de todos los niños y las niñas Wayúu, a través de la estrategia De Cero a Siempre”.
El Instituto inició una microfocalización en Riohacha, Uribia, Manaure y Maicao, la cual se espera llegue a más de 200 comunidades para determinar la condición de los niños, niñas y adolescentes, y disponer su atención en forma inmediata.
Esta intervención contempla el suministro de raciones alimentarias de emergencia que cubren a toda la familia, y el presupuesto aprobado para este proceso en los 15 municipios del departamento se estima en 3.500 millones de pesos.
“No debe haber un solo niño muerto por desnutrición o por una enfermedad que se pueda prevenir, ni en La Guajira ni en ninguna otra región de Colombia”, añadió.
Sin embargo, se indicó que una de las debilidades para lograr estos objetivos es la ausencia de información detallada de las familias, su composición, ubicación geográfica y necesidades de atención, debido a las condiciones propias del territorio y características culturales de las comunidades.
Según cifras del Instituto, este año el Bienestar Familiar invierte más de 130 mil millones de pesos en La Guajira, donde funcionan Centros Zonales que atienden a las familias más vulnerables de 15 municipios y 106 Centros de Desarrollo Infantil que cubren 14.700 niños y niñas en su Primera Infancia.
Además cuenta con 16 Defensorías de Familia y siete Unidades Móviles para atender a 465 niños, niñas y adolescentes con sus derechos vulnerados.
En La Guajira operan dos Centros de Recuperación Nutricional ubicados en San Juan del Cesar y Riohacha, además de ocho Unidades de Recuperación Nutricional que llevan los servicios a las familias.
OTRAS AYUDAS
La inversión en las estrategias de recuperación nutricional de las familias guajiras es de 8.835 millones de pesos para 37.130 personas.
Adicionalmente, se invierten 2.600 millones para otras acciones de apoyo alimentario, como el suministro de 500 kilos de Bienestarina, mientras se atienden 18.420 hogares en las modalidades de familia y comunidad con recursos por 2.958 millones de pesos.
Finalmente, y en la tarea de garantizar el desarrollo integral de 83.652 niños y niñas de la primera infancia en ese departamento, el Icbf hará este año una inversión de 100.419 millones de pesos. Para este objetivo cuenta con el apoyo de 673 madres comunitarias que atienden 8.749 niños, y 16 Hogares Infantiles que cubren a 1.710 beneficiarios.
Además, se construirán tres nuevos Centros de Desarrollo Infantil y se hará una inversión adicional en Primera Infancia, del orden de 1.764 millones que serán utilizados en la ampliación de la cobertura integral en 2.500 cupos para niños de Riohacha, Barrancas, Dibulla y Uribia.
Finalmente, se indicó que el próximo 17 de septiembre se llevará a cabo una sesión de la Mesa de Seguimiento a la Situación de la Niñez Indígena en Colombia, con el fin de trabajar en temas como la coordinación interinstitucional para atender la situación de emergencia en La Guajira y fortalecer la estrategia de prevención y atención integral a la problemática de la violencia sexual en comunidades indígenas.
“No podemos responsabilizar al Icbf por la crisis alimentaria que padecen las familias, los niños, niñas y adolescentes Wayúu”, puntualizó.
LAS DENUNCIAS
La congresista Ángela Robledo, quien convocó al debate expuso la difícil situación que viven los niños y niñas de La Guajira, específicamente los que pertenecen a la población indígena y alertó sobre el mal manejo de los recursos en esta región del país.
“Los más de $ 6.5 billones de pesos que ha recibido La Guajira por transferencias y regalías, en los últimos 12 años, se han ido dilapidando en el camino entre la nación, el Departamento, los municipios y algunas organizaciones y asociaciones, cooptadas por politiqueros con vínculos con el paramilitarismo y las mafias de la gasolina”, dijo la representante del partido Alianza Verde.
Robledo, recordó que más que recursos se necesita transparencia en la destinación de los mismos, y añadió que desde que se han hecho las denuncias no se han presentado avances en esta temática.
“¿Están esperando el exterminio de los Wayúu para hacer uso de un subsuelo que quizá es uno de los más ricos de Colombia?”, concluyó la representante.
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