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Icbf sabía de abuso de menor en Córdoba desde 2011: Personero

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Córdoba, Icbf, está en el 'ojo del huracán' luego de conocerse que tenían documentado el caso de un menor de ocho años que era abusado por su padrastro y aún así no actuaron a tiempo para evitar que hoy se encuentre en una unidad de cuidados intensivos debatiéndose entre la vida y la muerte.

La denuncia la hizo el personero de Montería, Jorge Galofre, quien señaló que desde el 2011 el instiututo conocía la vulneración del menor y de sus dos hermanos y no tomó las medidas necesarias para el restablecimiento de sus derechos.

Advirtió que tiene pruebas documentales del centro zonal del Icbf en Montería que confirman que existieron fallas e inconvenientes en el proceso administrativo de restablecimiento de los derechos del menor que lleva más de un mes en un centro asistencial con problemas de desnutrición, abuso, afecciones pulmonares y gastrointestinales.

Como se recordará, el niño llegó al hospital San Jerónimo de Montería con graves problemas de desnutrición. Allí permaneció por espacio de 29 días, tiempo en el cual las directivas establecieron contacto con el Icbf para iniciar el proceso formal. Sin embargo, luego tuvo que ser trasladado a una unidad de cuidados intensivos pediátrica debido a la gravedad de su estado.

Se conoció que el niño, quien además está en situación de discapacidad, era abusado por su padrastro, quien también lo maltrataba, había estado en un proceso inicial con el organismo, pero luego lo dejaron abandonado a su suerte en la misma casa donde estaba su victimario.

El hecho fue denunciado también ante la Procuraduría para que se inicien las investigaciones correspondientes y se establezca la responsabilidad de los funcionarios que actuaron con negligencia en este caso, que ha generado indignación en Córdoba.

Ante la denuncia, el Icbf nacional envió una comisión desde Bogotá con el fin de ponerse al frente de la situación. La primera decisión que se tomó en torno al caso fue excluir del proceso a los funcionarios que estaban al frente del mismo.

La directora nacional, Karen Abudinen, anunció que se aumentará la frecuencia de las mesas de trabajo con las autoridades departamentales, municipales y con los entes de control para que estos casos no se repitan.

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