Tras conocer de las decisiones de la Fiscalía General de la Nación de incautar con fines de extinción de dominio las acciones de Inassa S.A. en Triple A, S.A, E.S.P, el Comité Intergremial del Atlántico se pronunció este miércoles en un comunicado enviado a los distintos medios de comunicación de la ciudad, donde expone su punto de vista lo que podría devenir para la empresa y la prestación del servicio en Barranquilla.
En ocho puntos la entidad gremial expone su punto de vista en el caso que empresa prestadora del servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo pase a manos de la Sociedad de Activos Especiales, SEA.
“Lo procedente, si se comprueban los hechos punibles, es adelantar acciones para identificar las conductas ilícitas y a sus autores, e imponer las sanciones a que hubiera lugar, dejando la posibilidad del resarcimiento económico de los perjuicios sufridos por los afectados, en este caso Triple A y sus socios. Frente al actuar de personas naturales, puede existir responsabilidad patrimonial, no penal, de las empresas a las cuales estaban vinculadas”, expresa en un primer punto.
En el segundo se le que “si se demuestra el daño, el único tipo de reparación aceptable para nosotros como usuarios de Triple A es la inversión en la empresa misma, que necesariamente redunda en un fortalecimiento del servicio. Que la nación se apodere de la empresa arbitrariamente y que además le entregue las acciones a la SAE, que no inspira confianza ni tiene ninguna capacidad de manejo de servicios públicos, resulta inconcebible para los sectores productivos de la ciudad y del departamento donde Triple A administra con lujo de competencia los de acueducto y alcantarillado en 15 municipios”.
“La reparación integral del daño presuntamente causado puede verse truncada por la decisión del ente investigador que priva a los posibles afectados del principal activo de Inassa y afecta también el buen nombre y normal operación de la TRIPLE A ., al tiempo que pone en tela de juicio la legalidad de los accionistas nacionales y extranjeros de dichas sociedades, que sin estar vinculados a los procesos, pueden verse “expropiados” vía extinción de dominio”, dice el tercer punto.
El cuarto punto manifiesta que “dentro del proceso penal son viables las medidas cautelares como el embargo y secuestro de acciones, pero sin que eso implique que se tome posesión de una empresa vía extinción de dominio, que es propia de otro tipo de delitos que exigen un accionar diferente del Estado. Y menos aun cuando el proceso se encuentra en fases tan preliminares, sin haber culminado de forma condenatoria ni haber agotado todos los mecanismos de reparación de las victimas del proceso”.
“Canal Isabel II, dueña de Inassa, la principal accionista de Triple A, es una empresa pública de España, un Estado amigo, y fue la que en primera instancia denunció posibles comportamientos ilegales en sus filiales de ultramar. Aplicarle a esa empresa una legislación para juzgar y expropiar riquezas mal habidas procedentes del narcotráfico, es subir la animosidad jurídica a un nivel sin precedentes, en una coyuntura altamente inconveniente”, hace ver el quinto punto.
En el sexto punto recuerda que “hace 25 años morían por docenas los niños de gastroenteritis en las puertas de los hospitales por la mala calidad del agua. Decisiones como las tomadas por la Fiscalía General de la Nación minan la confianza en la empresa porque, aunque se le identifica como víctima, también se le estigmatiza, en lo que podría asociarse con un interés de apropiarse de su administración. Justamente lo que se impone en estas circunstancias es lo contrario, fortalecerla patrimonialmente mediante los resarcimientos económicos a que hubiere lugar”.
“Al margen de lo anterior surgen preguntas que exigen una respuesta de la Fiscalía: ¿Si la Nación no ha recibido perjuicio por los supuestos delitos cometidos, por qué pretende apropiarse del control accionario mayoritario de la Triple A? ¿Pretende la Fiscalía expropiar en favor de la Nación? Si es así, ¿no se indemnizará entonces a las reales posibles víctimas? ¿Cómo y quién va a manejar la reanudación del contrato de aseo que se vence el próximo mes de noviembre?”, dice el séptimo.
Por último, se manifiesta que “si se configura la incautación a favor de la Nación de las acciones del socio operador de Triple A se despoja, de contera, también a Barranquilla y al Atlántico del manejo de un patrimonio invaluable, como se hizo hace 20 años con el sistema eléctrico regional. Por ello, el Comité Intergremial del Atlántico hace un llamado al Gobernador Eduardo Verano, al alcalde Alejandro Char y a demás dirigentes políticos y sociales de la ciudad y del departamento a defender uno de sus mayores activos, que además es vital para su desarrollo presente y futuro”.
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