Juez ordenó libertad sin restricciones a dueñas de Unisinú

11 de agosto de 2018 12:23 PM

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El juez penal del Circuito de Soacha, Cundinamarca, ordenó, en segunda instancia, la libertad sin restricciones de las hermanas Mara y María Fátima Bechara, propietarias de la Universidad del Sinú, quienes tenían vigente una orden de captura desde el pasado cuatro de julio.

De acuerdo con lo señalado por el abogado Esiquio Sánchez, apoderado de las hermanas Bechara, el funcionario judicial consideró que no se daba la inferencia razonable de autoría de los delitos que le atribuyeron, concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

En el fallo señala además que tampoco se dan los fines para la medida de aseguramiento porque ellas no representan un peligro para la sociedad y que tampoco están en una posición en la que puedan obstruir la investigación o que opten por evadir a la justicia.

Sánchez explicó que ellas seguirán vinculadas al proceso y que esperarán la etapa de juicio, defendiéndose en libertad y sin tener ninguna restricción para su comparecencia.

Como se recordará, las hermanas Bechara habían permanecido un mes en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, en mayo del año pasado, por orden del juez tercero penal municipal de Soacha, luego de unas investigaciones adelantadas por la Fiscalía al convenio 750 de 2013, celebrado entre la Gobernación de Córdoba, la Universidad del Sinú y la Fundación para el Conocimiento y Desarrollo de la Diversidad Biótica de Colombia, George Dahl, por 2.996 millones de pesos.

Otro de los convenios investigados es el 755 de 2013 para la ‘Investigación y Desarrollo Aplicado de un Modelo Experimental para el Manejo Productivo y Sostenible de los Sistemas Agroforestales en el Departamento de Córdoba’, por un costo de 7.659 millones 860 mil pesos, en el cual hubo un avance físico del 42.5%, según la Fiscalía.

Las dos profesionales habían recuperado su libertad en julio del año pasado, luego que el Juez Primero Penal del Circuito de Soacha, indicara que el juez de primera instancia había violado el debido proceso y había impuesto una medida privativa de la libertad de manera arbitraria y sin ninguna motivación, pues su abogado ha insistido en que tiene todas las pruebas necesarias para demostrar su inocencia.

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