Desmoralización en las comunidades por el poco avance que notan de los procesos, sumado condiciones de pobreza, inseguridad alimentaria y problemas de seguridad personal para líderes, son algunas de las consecuencias que identifican investigadores del proyecto “Cuando tengamos la tierra crecerá la semilla” frente al –a su juicio– poco avance en los procesos de restitución de tierras en los Montes de María.
Este proyecto, que surgió tras una convocatoria de la Unión Europea para su financiamiento, es liderado por la Universidad Javeriana y el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), con el propósito de acompañar y documentar los procesos de restitución de tierras de distintas comunidades del país, entre ellas cinco que se asentan en la zona bolivarense de los Montes de María.
El Consejo Comunitario Eladio Ariza (en el corregimiento de San Cristóbal, en San Jacinto), el Consejo Comunitario Santo Madero (en el corregimiento de Paraíso, en San Jacinto), Asociación de Campesinos Afro de Marialabaja (agrupa a familias de distintas veredas del municipio), Asocristo (familias de distintas veredas de Montecristo) y Asocucal (familias que estuvieron asentadas en el predio “El Cucal”, entre Marialabaja y San Onofre), son las comunidades organizadas a las que el proyecto ha acompañado en sus procesos y sobre las que han evidenciado obstáculos para el avance de los procesos de restitución. Según los investigadores, la mayoría de estas comunidades iniciaron su proceso de restitución de los predios que ocupaban en 2012, al adoptarse por el Gobierno nacional la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, y desde entonces están esperando.
¿CUÁLES SON LOS OBSTÁCULOS?
Para la zona de Montes de María, el Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos de la Universidad Javeriana es la que acompaña los procesos de estas cinco comunidades, de las que hacen parte 369 familias.
“Notamos que los procesos de restitución no van lentos, sino que van para atrás por obstáculos administrativas que no permiten que avancen. Este largo proceso desmoraliza a la gente, la va agotando porque no ven resultados”, señaló Juan Guillermo Ferro, profesor de la Facultad de Estudios Ambientales de la Javeriana y coordinador del Observatorio.
Esas trabas a las que se refiere el investigador son, según explican, principalmente procedimentales, como desactualización en la información y falta de articulación entre las entidades competentes para la restitución de tierras, como la Unidad de Restitución de Tierras (URT), Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), oficinas de registro de instrumentos públicos, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder, en liquidación), entre otras.
“Por ejemplo, en el caso del Consejo Comunitario Eladio Ariza uno de los obstáculos más grandes que tenemos es la falta de claridad en cuanto a la tenencia de la tierra. Esta comunidad ha ocupado ancestralmente 2186 hectáreas, de las que hay grandes cantidades de tierra que eran baldíos de la nación, que fueron parcelados, pero las están ocupando otras personas que no son de la comunidad, por lo que no hay claridad sobre a quién le pertenece qué. Ellos estaban en la etapa judicial y la juez pidió que se clarificara la situación, por lo que el proceso se retrasó. Otro obstáculo es la debilidad probatoria con la que llegan las demandas”, detalló Cheryl Morris, abogada asesora del proyecto.
Sobre otros casos en comunidades que reclaman predios en zonas de Marialabaja, el coordinador del Observatorio agregó que “las comunidades alegan a las entidades que tienen todas las características de poseedores por estar muchos años en un territorio abandonado, por el ánimo de señor y dueño que tenían, porque salieron de allí en un contexto de altísima violencia y amenazas, pese a eso se les ha negado esa condición”.
Para abordar esos obstáculos en los procesos, percibidos por los investigadores, el proyecto convocó en Cartagena, en días pasados, una mesa de diálogo entre las entidades competentes y representantes de las comunidades para trabajar sobre el tema, definir las razones de los atrasos y evaluar opciones de mejoramiento.
EN CIFRAS
4013 solicitudes de restitución de tierras son a las que la URT ha dado respuesta en Bolívar, de acuerdo a cifras aportadas por la misma entidad.
1031 demandas ha puesto la URT Bolívar en manos de jueces y magistrados. Están a espera de fallos.
144 sentencias individuales y colectivas son a las que los jueces le han dado dictamen en Bolívar (responden a 156 solicitudes).
3200 hectáreas se han restituido a sus legítimos dueños en Bolívar, según la URT.
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