El Juzgado Tercero Administrativo de Santa Marta decretó medidas cautelares de urgencia en contra de la empresa privada Metroagua. La medida ordena que dicha empresa devuelva las redes de acueducto y alcantarillado a la ciudad de Santa Marta, redes que viene operando pésimamente y que tiene a esta ciudad turística en una crisis de salud, económica y ambiental.
La solicitud de medidas cautelares, la cual fue radicada en dicho juzgado por el exalcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo, y respaldada por más de 230.000 samarios, quienes firmaron para apoyar la demanda, obliga a Metroagua a sentarse con funcionarios de la Alcaldía de Santa Marta para iniciar el empalme y la entrega de la infraestructura, que, entre otras cosas, le pertenece a la administración de la ciudad.
El martes 7 de febrero el exalcalde Caicedo en compañía de ciudadanos de Santa Marta entregó ante el juzgado un poco más 230.000 firmas que respaldaban la petición de medidas cautelares que hoy llega a feliz término para las familias samarias. Esta semana también hubo una manifestación popular en la que más de 25.000 personas salieron a las calles de Santa Marta a rechazar el mal servicio que presta esta empresa en Santa Marta.
En su decisión, el juzgado ordenó “entregar a la fecha de terminación estipulada en el contrato de arrendamiento, esto es el 17 de abril de 2017, toda la infraestructura -bienes muebles e inmuebles de propiedad del Distrito de Santa Marta que fueron entregados en arriendo a dicha sociedad-”.
Esta primera orden es un gran alivio para la ciudad, puesto que Metroagua exigía como condición para entregar las redes el pago de 58.000 millones de pesos.
La retoma de la prestación de los servicios de acueducto en la ciudad, por parte de la Administración actual, estaba en vilo por cuenta de una estipulación contractual pactada en septiembre de 2002 entre la Alcaldía y Metroagua.
Esta cláusula le daba a Metroagua el derecho a retener las redes de acueducto y alcantarillado hasta tanto el Distrito no pagará la totalidad de las inversiones efectuadas por la empresa operadora, propiedad del Grupo Español Inassa.
Incluso, esa misma cláusula, autorizaba a Metroagua, para que siguiera explotando bienes públicos y prestando los servicios, hasta tanto la Alcaldía no pagara la indemnización, qué según las propias declaraciones del gerente de la empresa, Luis José Londoño, ascienden a 58.000 millones de pesos.
La segunda decisión es que el juzgado también ordenó que en un término máximo de diez días Metroagua le entregue al Distrito de Santa Marta toda la información actualizada de todos los bienes muebles e inmuebles que están destinados para la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en la ciudad de Santa Marta.
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