La Organización de los Estados Americanos prendió las alarmas por los desplazamientos forzados que se están presentando en el sur de Córdoba, pues decenas de familias han salido huyendo de San José de Uré por orden de los grupos al margen de la ley que operan en la zona.
La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA expresó su preocupación y rechazo frente a la situación, que además se está dando en los límites de Córdoba y Antioquia, concretamente en las veredas de Cáceres y Tarazá a raíz de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales.
Señalaron que en Cáceres, los enfrentamientos y amenazas de nuevos enfrentamientos entre estructuras armadas por el control ilegal del territorio han provocado el desplazamiento de cerca de 1.500 personas, desde mediados de enero hasta la fecha, según cifras de la Alcaldía. En Tarazá, se han desplazado más de 50 personas, así como las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas del pueblo Zenú hacia el casco urbano y en menor medida hacia Caucasia y Medellín. También se registran violaciones de derechos humanos en San José de Uré, sur de Córdoba.
Denunciaron así mismo las hostilidades entre los grupos ilegales. En San José de Uré por ejemplo, la comunidad advirtió que había enfrentamientos entre dos grupos que se disputan el territorio y en los mismos resultaron dos personas muertas que aún no han sido identificadas.
Esa situación fue planteada ante el gobierno nacional para que tomen las medidas de protección correspondientes, especialmente en el bajo Cauca y en el sur de Córdoba, donde están sufriendo mayores afectaciones y aunque reconocen las acciones y esfuerzos que la institucionalidad está adelantando en el país, mostraron su preocupación ante la posibilidad de que los hechos de violencia y victimización aumenten con el paso de los días.
Una vez hicieron un llamado para que el Estado le brinde las garantías efectivas de prevención de afectaciones, protección de la población y garantías de no repetición para esta población, históricamente afectada por la violencia armada y criminal. Asimismo, a las autoridades regionales y a la comunidad internacional para aunar esfuerzos tendientes a aliviar las difíciles condiciones de desarraigo.
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