Medidas de protección inmediata para los familiares del asesinado director de Regalías de Córdoba, Jairo Zapa Pérez, fueron solicitadas al Estado colombiano por parte del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
"Se pide al Estado adoptar de inmediato todas las medidas de protección que sean necesarias para garantizar la seguridad de la familia y allegados del señor Zapa Pérez, incluyendo a su padre, madre y sus hermanas, de conformidad con las obligaciones convencionales del Estado", señala el documento que está en poder de las autoridades.
En el mismo se hace énfasis en la necesidad de garantizar la seguridad para que puedan asistir de forma personal a las audienias del proceso penal en Montería, pues su padre, Fausto Zapa, en distintas oportunidades ha insistido en la necesidad de trasladar el proceso a Bogotá en aras de poder ir a las audienias, pues siente que en Montería no hay garantías plenas para ello.
Como se recordará la esposa de Zapa, María Isabel Valencia, salió del país junto a sus cuatro pequeños hijos ante las frecuentes amenazas que recibió en la capital cordobesa, incluso un día que iba para misa fue abordada por un motociclista con casco que le dijo que si seguían investigando, la asesinarían al igual que a su abogado.
Una situación similar ocurrió con los padres de la víctima, un profesor pensionado de la Universidad de Córdoba y una ama de casa, a quienes hombres fuertemente armados los amarraron al interior de sus viviendas y buscaron por toda la casa algún computador o documentos del ingeniero civil, asesinado en el año 2014.
Zapa, quien se desempeñaba como director de Regalías de Córdoba, desapareció luego de asistir a una reunión en una casa del barrio de La Castellana, al norte de Montería, y luego su cuerpo apareció en zona rural de Pueblo Nuevo, en una finca contigua a la del padre del exgobernador Alejandro Lyons.
Aunque inicialmente Joycer Hernández, el confeso asesino, admitió que lo había estrangulado cegado por los celos, para la Fiscalía es claro que su crimen tendría relación con el manejo de millonarios recursos y con las anomalías detectadas en los contratos de ciencia y tecnología.
Por ese caso hay seis personas detenidas, sin que hasta el momento les hayan definido su situación judicial, hecho que los motivó a solicitar la libertad por vencimiento de términos. Hasta el momento el juez no ha concedido la medida, pero las audiciencias preparatorias del juicio oral han sido aplazada en más de 10 oportunidades.
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