Poda burocrática en Alcaldía de Lorica

24 de abril de 2010 12:01 AM

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Quince días después de ser notificado de que la continuidad de la intervención económica del municipio de Lorica estaba en la cuerda floja, el mandatario Ulises Sánchez comenzó a tomar medidas drásticas e impopulares a fin de garantizar el blindaje del ente territorial. Tras reunirse con los trabajadores de la Alcaldía, les notificó que comenzarían a llegar cartas para cumplir sugerencias de la Unidad de Apoyo Fiscal (UAF) del Minhacienda: reducir la carga burocrática municipal en más del cincuenta por ciento, ello combinado con supresiones de cargos; otros vacantes y fusiones de áreas. Al cierre de la semana anterior comenzaron a cruzar cartas de notificación de insubsistencias versus renuncias protocolarias. El mandatario antes de partir a rendir cuentas desesperadamente a la UAF del Minhacienda, dejó firmadas varias resoluciones de aceptación de renuncias. El inventario de desvinculados lo encabezan 13 de los treinta inspectores rurales de policía, el coordinador de Talento Humano, Andrés Amaya; junto a él se fue Luis Eduardo Puche Morales, de vías e infraestructura; la inspectora urbana de Policía, Irina Carmona, además de los funcionarios José Brito Guerra y Manuel Mora, de sistemas de información y tránsito respectivamente. ZOZOBRA EN EL PALACIO Conocidas estas salidas la zozobra se tomó los pasillos del Palacio Municipal, pues hay sonajeros de funcionarios que saldrían de la nómina por refuncionalización o fusión de áreas, como la jurídica con gobierno, toda el área financiera que comprendería tesorería, secretaría de hacienda, presupuesto e impuestos, lo mismo que secretaría administrativa y talento humano. Por otra parte las secretarías de educación, salud y transportes parece que no sufrirán los rigores de la poda burocrática. Todo este drástico recorte de personal fue sugerido por la UAF desde que se anunció la intención de intervenir el municipio. Según las recomendaciones la nómina de 110 trabajadores, más las órdenes de servicio, debe bajar a cerca de 40. Con esta poda la carga salarial que actualmente está cerca de los 250 millones de pesos mensuales, bajaría ostensiblemente y evitaría atrasos en los pagos de sueldos.

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