La única condición que había puesto el discapacitado Henry Erazo Chantré para dejar libre a una funcionaria de la Secretaría de Salud de Córdoba, a quien había tomado como rehén, era que llegaran los periodistas a la oficina en mención para denunciar algunas irregularidades.
Así lo expresó al entrar a la oficina de ayuda a discapacitados que visitaba con frecuencia para pedir que lo incluyeran en los programas de subsidio de vivienda que ofrece el Estado.
Justo en ese momento, las 11:30 de la mañana del miércoles, se encontraban cinco funcionarias en el lugar. A todas les apuntaba con un arma que resultó ser dos tubos amarrados que simulaban un changón, pero en ese momento las funcionarias no lo sabían.
Permitió la salida de cuatro de ellas para que fueran a buscar a los periodistas y se quedó solo con Zobeida Alvarado, la jefe de la oficina en mención.
Sus compañeras de trabajo pasaron la calle, pues justo al frente queda la Sijin y alertaron a los policías sobre lo que estaba ocurriendo.
Cuando les dijeron que él solo permitiría la entrada de los periodistas, optaron por disfrazarse y con grabadora y cámara de televisión en mano llegaron al lugar.
Sin dudar un solo instante Erazo los dejó entrar al sitio donde llevaba más de una hora con la funcionaria retenida.
Cuando se disponía a contar sus quejas, las mismas que había hecho públicas ante varios medios de comunicación en días anteriores, la policía lo desarmó.
Desplazado y discapacitado
El discapacitado es conocido en algunos medios de Montería porque los frecuentaba para denunciar lo que él denomina injusticias.
El hombre es de Piedras Blancas, Apartadó, y llegó a Montería en el año de 1999 cuando tuvo que salir huyendo de su población por amenazas de grupos al margen de la ley.
En la capital cordobesa se casó y tuvo dos hijos. Años después tuvo un accidente de tránsito y sufrió lesiones en las piernas que le imposibilitaron trabajar y entonces llegaron los problemas económicos que finalmente terminaron en separación.
Erazo se quedó solo con sus hijos pero luego de un tiempo su esposa le quitó la custodia y ahora vive solo en la ciudad.
Su intención, según él, era exigir que lo incluyeran en programas de subsidio de viviendas para desplazados con el fin de tener de nuevo a sus hijos, a quien hace dos años no ve.
La situación es un tanto compleja. Ahora podría enfrentar cargos por amenaza y porte ilegal de armas.
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