Regional


Profesores indígenas se encadenan frente a Gobernación de Córdoba

Los docentes estaban designados en provisionalidad en instituciones educativas de los muminicipios del resguardo indígena Tuchín y San Andrés de Sotavento y fueron desvinculados por la administración departamental.

NIDIA SERRANO M.

16 de enero de 2019 01:34 PM

Un grupo de 200 profesores indígenas protestan frente a la Gobernación de Córdoba, indicando que fueron desvinculados de sus trabajos. De ellos 11 permanecen encadenados en la puerta de acceso con el fin de exigir que sean atendidos.

Los docentes estaban designados en provisionalidad en instituciones educativas de los muminicipios del resguardo indígena Tuchín y San Andrés de Sotavento y fueron desvinculados por la administración departamental.

De acuerdo con lo señalado por Carlos Ruíz, uno de los docentes encadenados, esa desvinculación es ilegal, aduciendo que el decreto 804 establece que son las comunidades en asamblea y en concertación los que escogerán los docentes.

Reiteró que esa situación se está registrando por la división que está generando el mismo cacique del Resguardo Indígena Zenú, Eder Espitia, quien está designando a docentes cercanos a sus intereses.

Sostuvo además que ellos han sido refrendados por las comunidades durante los últimos 10 años y que no creen justo que se viole la norma y que ellos queden sin el sustento de sus famiias.

Ya sostuvieron una primera reunión con funcioarios de la Secretaría de Educación de Córodba y no se logró ningún acuerdo, de tal forma que reiteraron que permenecerán en el lugar hasta que sean escuchados por las instancias nacionales.

A la protesta empezaron a unirse los padres de familia con el fin de apoyar la manifestación y advierten que permanecerán en el parque principal y en la sede de la Gobernación hasta tanto les resuelvan la situación.

Gobernadora iría a la cárcel

Justamente por la destitución de uno de los docentes de San Andrés de Sotavento, la gobernadora encargada de Córdoba, Sandra Devia Ruíz, podría ir a la cárcel, pues el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Montería ordenó su arresto por 30 días.

Las razones que aduce el órgano judicial es que la funcionaria desobedeció una orden en la cual se le daban 48 horas para que nombrara en propiedad al docente en mención, razón por la cual se instauró un incidente de desacato.

La medida fue apelada por la administración departamental, teniendo en cuenta que no se podría designar en propiedad a un profesor en provisionalidad, sin cumplir con el lleno de los requisitos que se exigen para tal fin.

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