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Bacrim amenazan los derechos humanos en San Andrés

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En la visita del defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, al archipiélago de San Andrés, el funcionario advirtió sobre el deterioro en derechos humanos por el accionar de las Bacrim, en esta zona del país.

El defensor, inició su visita humanitaria a la isla, con la presentación del último informe de riesgo emitido por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT), en el cual se explica que durante los últimos dos años tanto los brotes de violencia como la cifra de muertes violentas, han tenido un incremento.

En 2013 se registraron 20 casos frente a 17 ocurridos en 2012, con el agravante de que en cuatro oportunidades estas muertes estuvieron acompañadas por señales de tortura. El caso más reciente ocurrió hace tres meses en el sector Camino al Radar, en el sur de la isla.

A estas cifras se suma la desaparición de 10 personas vinculadas en el registro del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía, en hechos sucedidos durante los últimos cuatro años.

De igual forma, en el informe se explica el desplazamiento forzado que afecta a residentes e inmigrantes nacionales, como el caso de ciudadanos que han huido de la violencia desde Sucre, Bolívar y Chocó, y se refugian en el archipiélago.

En estos casos, durante 2013 la Defensoría del Pueblo atendió a 80 familias en condición de desarraigo, lo que equivale a 249 personas entre niños, adultos y población de la tercera edad.

Otálora manifestó su preocupación también en los casos de sicariato, de los cuales dos se han registrado en los últimos días, y que si bien no cobraron la vida de personas, se adjudican a la incursión y enfrentamiento de los grupos armados ilegales 'los Rastrojos' y 'los Urabeños'.

El Defensor llamó a las autoridades competentes a fortalecer las medidas de prevención para controlar las amenazas que generan temor entre los habitantes de la isla, y agregó: “Continuaremos haciendo las denuncias a las que haya lugar y velaremos para que los organismos competentes continúen combatiendo a las denominadas ‘bandas criminales (bracim)’ y les den la protección necesaria a los habitantes de San Andrés”.

Finalmente, Otálora Gómez advirtió la instalación de una oficina de la Unidad de Víctimas para el Archipiélago.
 

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