El Consejo de Estado ordenó a la Gobernación de San Andrés y Providencia que de inicio, en el plazo de seis meses, a las obras de alcantarillado y saneamiento de aguas residuales en la isla.
En atención a la contaminación evidenciada en el norte de la isla, especialmente por cuenta de la falta de alcantarillado, el Consejo de Estado determinó que estas obras deben ser una prioridad en razón de los riesgos para el ecosistema.
Para la determinación igualmente se tomó en cuenta la existencia de un antiguo botadero a cielo abierto y la presencia de pozos de aguas negras que vierten desechos al mar.
Igualmente se dispuso que la Corporación Ambiental de San Andrés y Providencia, Coralina, deberá investigar y aplicar sanciones a las autoridades que permitieron que durante años el agua residual de San Andrés fuera a parar al océano sin un tratamiento previo.
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