Secretario general asume como alcalde encargado de Montería

17 de junio de 2017 02:26 PM

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El secretario general de la Alcaldía de Montería, Gabriel Méndez Fonnegra, asumió en calidad de alcalde encargado mientras el titular, Marcos Daniel Pineda, aclara su situación judicial en la Fiscalía General de la Nación, organismo que realizará la audiencia de legalización de captura en el complejo judicial de Paloquemao en Bogotá.

Méndez Fonnegra, administrador de empresas con especialidad en gerencia de mercadeo, es uno de los funcionarios de mayor confianza del mandatario Pineda y en oportunidades anteriores ha sido encargado.

El funcionario direccionará las riendas en momentos de gran expectativa por el futuro jurídico de Pineda, quien compareció voluntariamente ante las autoridades, luego de conocer que había una orden de captura en su contra por presuntos malos manejos en la contratación y ejecución de las obras de remodelación en el coliseo Miguel Happy Lora de Montería.

En el mismo proceso fueron vinculados el exalcalde de Montería y consejero presidencial para las regiones, Carlos Eduardo Correa; el direct6or ejecutivo del Fondo Mixto para la Promoción del Deporte y la Gestión Social, Pascual Guerrero Arana, y los funcionarios de la interventoría Ffograf, Samuel Eduardo Mora y Gilmar Alberto González Mora.

Como se recordará la Fiscalía investiga posibles anomalías y sobrecostos tanto en la celebración como en la ejecución de los convenios interadministrativos del 30 de diciembre de 2011 firmado entre la entonces gobernadora Marta Sáenz, y el alcalde de la época, Marcos Daniel Pineda, durante su primer período de gestión y del 25 de junio de 2012 entre el alcalde de Montería de la época, Carlos Eduardo Correa, y el Fondo Mixto para la Promoción del Deporte y la Gestión Social por valor de 12 mil 500 millones de pesos.

La obra se entregó cinco años después, es decir en febrero de 2017, y según la Fiscalía tenían variaciones sustanciales frente a las inicialmente contratadas, razón por la cual le imputarán los delitos de peculado por apropiación, celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por omisión y falsedad ideológica en documento público.

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