En vilo sigue el proyecto del Centro de Atención Especializado (CAE) para la atención de los adolescentes infractores de la Ley Penal en Sucre, debido a que el Ministerio de Educación Nacional no avala que sea construido en el lote de terreno ubicado en el municipio de Sampués y que esa entidad donó al Departamento.
El tema fue analizado por los miembros de Comité Departamental de Responsabilidad Penal para Adolescentes que sesionó en la mañana de hoy en la sede del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) con participación de varios alcaldes sucreños.
“En un principio el Ministerio de Educación dijo que no era posible la construcción del CAE en ese sitio, posteriormente indicaron que el Departamento de Sucre era el propietario del inmueble y podía determinar que uso le daba al inmueble, siempre que no estuviera por fuera del objetivo por el cual fue hecha la destinación, pero ahora en un último concepto dicen que prevalece el inicial que es negativo”, explicó la procuradora de Familia.
Explicó que existe en la actualidad un convenio interadministrativo suscrito el 9 de noviembre de 2017 entre Findeter, el ICBF y el departamento de Sucre, para la construcción del CAE que tendrá una función de carácter pedagógica y de resocialización.
“Hemos aclarado en el día de hoy que los conceptos no son vinculantes, a nosotros como servidores públicos lo único que nos obliga es el mandato de la Constitución y la Ley, y creo que en estos términos se celebró el convenio entre esas 3 entidades que busca la atención especializada del adolescente infractor de la Ley Penal”, dijo la Procuradora.
Anotó que queda claro que el proyecto tiene que avanzar porque no se está cambiando la vocación, “el destino inicial del predio es la educación y recordemos que dentro de la atención de los adolescentes infractores de la Ley Penal, está vigente la garantía de derecho a la educación.
Ante este panorama el Gobierno Departamental de Sucre en aras de ser cauteloso solicitó un concepto a la Procuraduría General de la Nación, a fin de definir el futuro inmediato del proyecto.
Por su parte, el alcalde de Sampués, Víctor Hernández, expresó su preocupación y pidió que el Ministerio de Educación debe dar claridad jurídica sobre los diferentes conceptos que ha emitido para que se pueda definir la utilidad del referido predio ubicado en su municipio.
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