Leonor Montes, la vocera departamental de las madres comunitarias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, murió en Medellín, ciudad a la que viajó con sus propios recursos tratando de buscar la atención médica que le fue negada en Córdoba.
Debido a los contratiempos que se generaron con el proceso de contratación, la fundación Fundamil, operador del ICBF, con la cual laboraba Montes, no la tenía afiliada al sistema de seguridad social, pese a su delicado estado de salud por una diabetes que la había postrado en una silla de ruedas.
Justamente el pasado 13 de enero le habían practicado una arteriografía, procedimiento para oxigenarle las venas, y cuando tuvo su primer control acudió a Coomeva, entidad en la que figuraba afiliada, y allí le dijeron que no estaba activa. En su momento, sus familiares denunciaron que supuestamente Fundamil no había tramitado lo correspondiente a su seguridad social y por ello no le realizaron ningún control.
Ella misma denunció que los nuevos operadores no habían hecho los trámites para adelantar los contratos de trabajo y que el 70 por ciento de las madres comunitarias aún no tenían definida su seguridad social.
Ante esa situación, sus familiares recolectaron dinero y la llevaron a Medellín con el fin de garantizarle una revisión médica detallada. Sin embargo, era tan precario su estado de salud que los médicos del centro asistencial decidieron hospitalizarla en forma urgente y practicarle una cirugía.
En medio del procedimiento, la vocera de las madres comunitarias murió y sus familiares indicaron que la atención en Montería fue deficiente porque no figuraba en el listado de los afiliados activos, hecho que terminó deteriorando su salud.
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