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Solicitan medidas cautelares ante CIDH por caso de crimen de Jairo Zapa

La familia del asesinado director de regalías de Córdoba, Jairo Zapa, pidió medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanas, CDIH, con el fin de evitar que el proceso siga dilatándose, sin que se hagan las imputaciones correspondientes a los presuntos responsables.

La solicitud formal la hizo el abogado Jaime Enrique Granados Peña, apoderado de los padres y hermanos de Zapa, aduciendo que están preocupados por las constantes dilaciones en la audiencia preparatoria del juicio oral, situación que podría conllevar a la libertad de los detenidos, por vencimiento de términos.

“La audiencia de acusación finalizo en el mes de abril y a la fecha no ha sido posible la instalación de la audiencia preparatoria que es la que le sigue. A este paso, genera gran preocupación a las víctimas que represento que las personas implicadas que actualmente se encuentran detenidas puedan quedar en libertad por vencimiento de términos, y sin garantía alguna que después comparezcan ante la justicia”, dijo el jurista.

La juez de control de garantías ha tenido que aplazar la audiencia en varias oportunidades porque los imputados han hecho uso de una herramienta legal que así lo permite.

Los familiares de la víctima, la Procuraduría y la Fiscalía han venido insistiendo en la necesidad de trasladar el proceso a otra ciudad, aduciendo que en Montería no hay las garantías necesarias para que continúe sin ningún tipo de injerencia externa y donde las personas que intervengan en el mismo no corran riesgos.

“Estas solicitudes han sido negadas por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, por lo cual, actualmente, el juicio se adelanta en la ciudad de Montería en donde, en nuestro criterio, no hay garantías de seguridad mínimas para los familiares de Jairo Alberto Zapa y donde ya fue amenazado un abogado representante de victimas”, indicó Granados, aduciendo que están preocupados por la lentitud con la que avanza el proceso.

Como se recordará los padres del ingeniero asesinado tuvieron que abandonar la ciudad ante las frecuentes amenazas que recibieron. También su esposa, María Isabel Valencia, salió del país, en compañía de sus cuatro hijos, indicando que si vida corría peligro.

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