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Defensor de víctimas, Juan David Díaz, aplaudió condena al Estado

El defensor de víctimas, Juan David Díaz Chamorro, aplaudió el fallo que obliga a Estado colombiano pagar la suma de 2.1 billones de pesos como reparación a los 44 mil desplazados por la violencia del departamento de Sucre.

Sobre la condena más grande contra el Estado que se tenga conocimiento, la cual fue causada porque la tragedia no ha sido atendida adecuadamente en la región, el Defensor de los Derechos Humanos, se pronunció así:  

“Toda medida que busque reparar de manera integral a aquellas víctimas de la barbarie son importantes, por eso considero oportuna esta condena contra el Estado”, expresó el Defensor de los Derechos Humanos en Sucre.

Juan David Díaz Chamorro, cree además que esta sería la oportunidad para que los desplazados por la violencia del departamento de Sucre, inicien una nueva vida, pues a ellas no solo se les quebró su vida emocional, sino su economía.

“Cuando estos campesinos sufrieron el asesinato de sus familiares, tuvieron que dejar sus tierras, lo cual generó en ellos, no solo un impacto en su entorno, sino un gran golpe económico, viéndose afectado incluso la economía del Departamento”, explicó.

Cree que el fallo va a servir para que estas personas del campo, puedan tener la oportunidad de regresar a sus parcelas y nuevamente ser productivos, “algo tan necesario en un departamento de carácter agrícola como lo es este”.

Por otro lado, Juan David Díaz Chamorro, respeta pero no comparte la decisión del juez en el sentido de pagar a un abogado se le tengan que pagar unos honorarios de 190 mil millones de pesos, cuando “sabemos todo lo que se puede hacer para reparar a las víctimas con ese dinero”.

“Estamos aportas de un postconflicto en donde se van a necesitar recursos para hacer que la paz sea una realidad, por eso no considero justo que un abogado reciba tanta cantidad de plata por honorarios, que seguro ninguna de las víctimas la va a recibir”, puntualizó.

Juanita López, Directora de la Defensa Jurídica del Estado, afirma que el fallo tiene varias irregularidades y debe ser revocador por el Consejo de Estado, pues principalmente “no se tuvieron en cuenta los estándares de sostenibilidad fiscal en materia de reparación”.  

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