En noviembre pasado, Milagros Guerra* recibió por los conceptos de indemnización y reparación como desplazada por la violencia la suma de 800 millones de pesos.
Esta mujer, a la que la violencia le arrebató su esposo y un hijo, ahora busca con estos recursos mejorar su calidad de vida, sanar en lo posible el dolor que le dejó la destrucción de su familia en hechos ocurridos en el año 2007.
Pero, mientras que Milagros se reincorpora a la vida, miles de desplazados por la violencia del departamento de Sucre y el país están a punto de perder los beneficios que el Gobierno nacional ha establecido para subsanar en lo posible tales sufrimientos.
Así lo informó Ruth María Muñoz Castilla, representante en la región de la Firma de Abogados Especializados, F.A.E., entidad que se ha organizado para que, sin pago de honorarios, los desplazados por la violencia del departamento de Sucre alcancen a tomar estos beneficios, ya que está a punto de vencerse el plazo para ello.
Legalmente son dos los procesos que pueden adelantar los desplazados por la violencia: el de indemnización, que hace voluntariamente el Estado, y el administrativo judicial, realizado a través de los jueces de la República para tazar liquidar y cobrar los perjuicios morales y materiales causados.
“El primero de estos procesos tiene su base en los recursos que el Gobierno recauda por el concepto del 4 por 1.000 y debe hacerse antes del 25 de mayo de 2015, después de esta fecha ya será demasiado tarde y esa plata tomará otro rumbo”, explicó Muñoz Castilla.
A PUNTO DE PERDERSE
De acuerdo con la fuente, un desplazado por la violencia que resulte beneficiado de esta manera puede ser exonerado del servicio militar obligatorio y tendría igualmente el derecho a la libreta militar.
Así mismo, tendría una ayuda humanitaria de hasta un millón 380 mil pesos y de 3 millones a 18 millones de pesos si desarrolla un proyecto productivo o agropecuario.
“Pero además de esto, la víctima podría acceder a una vivienda digna, según el Decreto 0156 de 2013, y una indemnización administrativa como reconocimiento del Gobierno nacional por haber sufrido este delito”.
A lo anterior se le sumaría una indemnización administrativa por otros delitos desde 17 millones de pesos a 24 millones de pesos más dependiendo del tipo de delito, ya sea homicidio, tortura, secuestro, desaparición forzada, lesiones personales, violencia sexual, reclutamiento ilegal de menores y pérdida de bienes materiales.
El total a recibir para cada familia mediante este proceso, puede superar los 100 millones de pesos, incluyendo el valor de la vivienda y estos dineros son recibidos directamente por los desplazados y no por los abogados.
Los honorarios profesionales en estos casos podrían superar los 20 millones de pesos, pero el Gerente de F.A.E. de Colombia renuncia a su cobro, porque los desplazados tendrían que vender su casa para poderlos pagar.
Consecuencialmente, solo pagarán los gastos de petición, tutela, acción de cumplimiento, desacato y otros, estimados en 300 mil pesos por familia, que deben consignarse solamente a la cuentas de la entidad.
“Pero aún hay más, el proceso de reparación administrativa judicial, para desplazados y víctimas de homicidio, tortura, secuestro, desaparición forzada, lesiones personales, violencia sexual, reclutamiento ilegal de menores y perdida de bienes materiales”, dijo Muños Castilla.
En este caso, la persona tiene derecho a la reparación integral por el delito de desplazamiento forzado, que oscila entre los 40 y 70 millones de pesos por cada víctima.
“También tiene derecho a la reparación integral por otros delitos de que fue víctima, (homicidio, secuestro, desaparición forzada o violación), que está entre los 50 y los mil millones de pesos”, puntualizó la líder cívica.
*Nombre cambiado para proteger a la fuente.
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