De menos a más; así es como creen los representantes de organizaciones de víctimas en el departamento de Sucre, que ha ido evolucionando el proceso de reparación de víctimas, aunque consideran que todavía hay falencias en la implementación de la Ley 1448 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.
La Ley de Víctimas cumplió el 10 de junio anterior tres años de estar siendo implementada por el Gobierno Nacional; con ésta se vienen acompañando a familias en procesos de retorno o reubicación, al igual que en planes individuales de reparación, y encargos fiduciarios para niños, niñas y adolescentes, y otros aspectos a través de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
“La Ley 1448 es el marco jurídico de defensa de derecho de las víctimas. Desde la perspectiva de desplazamiento forzado consideramos que ha sido un avance del Gobierno actual y eso hay que decirlo a voz plena”, dijo Walter Villalba, miembro de Aportapaz, y representante de las víctimas de desplazamiento forzado en esta zona.
Destacó que en el país una de las sedes más operativas de la Unidad de Víctimas es la de Sucre, y hay importantes proyectos para mejorar sus condiciones buscando que puedan continuar con sus vidas.
“En Sucre, la implementación de la Ley ha venido de menos a más, hay quejas en cuanto al sitio en donde son atendidas actualmente las víctimas porque es pequeño, pero en el contexto de atención en Sucre estamos en 80 %”, dijo Villalba.
Afirma que en estos tres años se han dado cambios como por ejemplo la facilidad del acceso a la Libreta Militar, que hoy es gratuita.
“Teníamos el caso de quienes estaban afiliados al régimen contributivo en salud, que no podían acceder a ayuda humanitaria; ya la Corte se pronunció sobre eso y pueden recibirla”, explicó Walter Villalba.
Sin embargo, indicó que un aspecto que no contribuye a la implementación de la Ley, es que los alcaldes en Sucre en su mayoría, exceptuando a Sincelejo, no apoyan la norma.
“Hay alcaldes que están de espaldas a la situación de las víctimas y algunos hasta las amenazan porque están reclamando sus derechos. En vez de jalonar para que las víctimas les sean restablecidos sus derechos están atentando contra su integridad”, aseveró Villalba.
Uno de los mayores afanes de los defensores de Derechos Humanos y representantes de las diferentes organizaciones es que las víctimas no se revictimicen con situaciones anormales, como ser extorsionados por tramitadores y líderes que utilizan su liderazgo para explotarlas aprovechando su necesidad, de lo cual ya hay antecedentes en Sucre.
MÁS DE 265 MIL VÍCTIMAS EN SUCRE
En Sucre, según cifras de la Unidad de Atención a Víctimas, hay 265 mil 404 víctimas del conflicto armado, es decir, un 31 % de la población de este Departamento. De estos, 132 mil 639 son hombres y 131 mil 117 mujeres; 19 mil 548 afrocolombianos, 5 mil 347 indígenas, 154 gitanos, y 21 pertenecen a la población LGTBI.
Los principales hechos victimizantes presentados en Sucre son: Desplazamiento forzado (254 mil 223), homicidios (16 mil 948) y amenazas (2 mil 620). Los hechos fueron propiciados por diferentes grupos armados como guerrillas y paramilitares.
Según el director de la Unidad para la Atención y Reparación a Víctimas en Sucre, Adalberto Menco, el actual Gobierno ha invertido 16 mil 19 millones de pesos en indemnizaciones de más de 3 mil 129 víctimas por diferentes hechos de desplazamiento. Éstas habitan en zonas como La Mojana, Golfo de Morrosquillo y Montes de María.
Igualmente, se han invertido 64 mil 918 millones de pesos en ayuda humanitaria para 76 mil 933 solicitudes de víctimas de desplazamiento forzado.
En Sucre, 3 mil 638 personas cuentan con Plan Individual de Reparación Integral y mil 208 de estas han manifestado su intención de invertir y recibir acompañamiento a la inversión de las indemnizaciones.
“Colombia es el único país en el mundo que está reparando a las víctimas en medio del conflicto armado, no hay otro en la historia y es un proceso piloto”, indicó Menco.
Integrantes de organizaciones de víctimas se congregaron en la Plaza Cultural de Majagual para conmemorar los tres primeros años de implementada la Ley. En ese acto fueron entregadas 155 cartas de indemnización por un valor de $940 millones 639 mil 304, a víctimas del conflicto.
Igualmente, en durante el encuentro los participantes compartieron experiencias en un ambiente lleno de diferentes manifestaciones culturales.
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