Suspenden audiencia contra Alcalde de Montería y el Alto Consejero Presidencial

22 de junio de 2017 10:40 PM

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Tras siete horas de espera, la jueza 40 de control de garantías suspendió hasta este viernes 24 de junio, a las ocho de la mañana, la audiencia de medida de aseguramiento que adelanta en contra del alcalde de Montería, Marcos Daniel Pineda, y del consejero presidencial para las regiones, Carlos Eduardo Correa, a quienes investigan por presuntas irregularidades en el contrato de remodelación del coliseo Miguel Happy Lora de Montería.

Hay que indicar que la Fiscalía solicitó cárcel para los dos funcionarios, indicando que hubo corrupción en el convenio por 12.500 millones de pesos, medida que fue avalada por el funcionario del Ministerio Público. Sin embargo, los abogados defensores Iván Cancino y Andrés Garzón, refutaron los argumentos de la Fiscalía y pidieron excluir de las pruebas unas interceptaciones telefónicas en la que uno de los imputados habla con su abogado defensor.

De acuerdo con lo señalado por el abogado Garzón, defensor de Carlos Eduardo Correa, con esa interceptación están vulnerando el derecho a la defensa y al debido proceso, pues se grabaron entre imputado y abogado, violando los tratados internacionales.

Como se recordará la fiscal 92 imputó a ambos los delitos de celebración indebida de contratos, peculado y prevaricato por omisión y a Pineda le agregó el de falsedad ideológica, delitos que no fueron aceptados por ellos.

Durante siete horas consecutivas, con tres aplazamientos, los abogados defensores controvirtieron las pruebas entregadas por la Fiscalía, las cuales son revisadas en detalle por la jueza, así como el acta de la audiencia, antes de decidir si van a la cárcel o quedan en libertad.

Pineda y Correa estuvieron acompañados por amigos y familiares en el complejo judicial de Paloquemao en Bogotá, mientras que en Montería se adelantaron múltiples cadenas de oración para pedir su libertad.

Los dos funcionarios sigue bajo custodia de las autoridades desde el pasado 17 de junio cuando se presentaron voluntariamente ante la Fiscalía en Montería y en Bogotá, tras conocer que había una orden de captura en su contra.

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