Julio César Ortiz, abogado del suspendido gobernador, Edwin Besaile, calificó como un atropello a los electores, la decisión de la Procuraduría General de la Nación de suspenderlo nuevamente del cargo, esta vez por presuntas irregularidades en la suspensión de un contrato con los recursos de ciencia y tecnología.
El mandatario, quien estaba listo para volver a la Gobernación, luego que se vencieran los 180 días de suspensión por una investigación derivada de su presunta vinculación al Cartel de la Hemofilia, recibió un nuevo revés con la decisión del órgano disciplinario.
A raíz de esa decisión, se han escuchado voces a favor y en contra. El Concejo de Montería y varios juristas calificaron el hecho como un adefesio jurídico y cuestionaron el posible carácter político que se le está dando a la situación.
Críticas del Conejo
William Godín, concejal de Montería, preguntó a qué está jugando la Procuraduría con Córdoba y sostuvo que esa suspensión le deja un “tufillo” desagradable porque la institucionalidad sigue en el limbo y los fallos de fondo no se han dado, pese a que llevan más de un año en las investigaciones.
Cuestionó que la Procuraduría sancione a Besaile por liquidar unilateralmente un convenio financiado con recursos de regalías del gobierno de su antecesor, Alejandro Lyons, cuestionado por presuntos actos de corrupción.
“Primero lo suspenden porque pagó y ahora porque no pagó. ¿A qué estamos jugando señores de la Procuraduría?”, agregó, señalando que ve con preocupación las inversiones anunciadas por el gobernador para la capital de Córdoba y para otros municipios de la región.
Así mismo, el concejal, Aldrin Pinedo aseguró que la gran expectativa que había en el departamento era el retorno de la institucionalidad, pero Córdoba perdió su senda administrativa con un nuevo revés del Ministerio Público.
Alertó que con esta decisión también se genera incertidumbre por los 200 mil millones de pesos que gestionó el gobernador para invertir en los municipios de Córdoba, incluyendo a Montería.
“No estamos defendiendo personas, no cuestiono las investigaciones porque eso es de los órganos de control, reclamamos es que se le defina al departamento su senda de tranquilidad administrativa y que no se la haga más daño a Córdoba”, aseguró Pinedo Sánchez.
Entretanto, la presidenta del Concejo de Montería, Liliana Yúnez, dijo que estas decisiones lo único que hacen es retrasar la ruta de ejecutorias contempladas en el plan de desarrollo que había establecido el gobernador Besaile.
“Esto produce una gran incertidumbre en Montería y los demás municipios de Córdoba que esperan la ejecución del plan de desarrollo. Que definan si lo reintegran o lo mantienen fuera del cargo”, expresó.
Por su parte, el concejal Leonel Márquez indicó que es hora que el partido de la U comience la gestión de la terna de un gobernador encargado en propiedad y acabar con el limbo institucional en el que está sumido el departamento de Córdoba.
Al expresar su inconformismo por lo está ocurriendo con la institucionalidad, y respetando las decisiones de la justicia, consideró que el departamento no merece estar en estos problemas.
“Tenemos cerca de un año de estar sin gobernador en propiedad, encargado personas del interior que desconocen los problemas del departamento, lo único que le hace es retrasar la región” expresó el cabildante del Polo Democrático.
Actualmente la Gobernación no tiene gobernador en propiedad, ni encargado. El primero sigue suspendido por la Procuraduría y la designada del Gobierno, Sandra Devia, se le venció el encargo y regresó a Bogotá.
Comentarios ()