Amnistía Internacional pidió a las autoridades paraguayas que eliminen las trabas legales que impiden el aborto luego de que una niña de 11 años diera a luz a una beba, producto presuntamente de una violación.
"La trágica historia de esta niña ilustra lo que está mal en cuanto a los derechos humanos de mujeres y niñas pobres y marginalizadas en Paraguay", señaló Amnistía en un informe publicado en su página digital.
Agregó que el caso es un "trágico recordatorio de la necesidad urgente de que Paraguay revoque su estricta ley antiaborto".
La menor dio a luz por cesárea la semana pasada a una beba luego de 36 semanas de gestación.
El senador Carlos Filizzola, de la coalición opositora izquierdista Frente Guasú, dijo en entrevista con The Associated Press que es "imposible poner en práctica una ley de aborto preventivo porque la constitución prohíbe la interrupción de la gestación salvo cuando la madre esté en peligro".
Agregó que "para cambiar la constitución se necesita mucha movilización social y fuerza política porque el Congreso debería llamar a la asamblea nacional constituyente para realizar modificaciones" a la carta magna.
El presunto autor de la violación, reconocido como concubino de la madre de la víctima, guarda prisión preventiva en la cárcel de Asunción esperando el juicio por el supuesto delito de coacción sexual a una menor.
La fiscal del caso, Monalisa Muñoz, anunció que solicitará al juzgado de garantías que ordene la realización de un análisis de ADN al acusado y a la beba "para confirmar o desmentir su responsabilidad en la gestación por violación".
En tanto la defensora pública Diana Ruiz, que representa a la niña de 11 años, informó a AP que pidió al juzgado del menor del pueblo Luque, en las afueras de Asunción, que "autorice a la madre la guarda de la recién nacida".
La Dirección de Estadísticas del Ministerio de Salud informó que en 2014 hubo 648 casos denunciados de embarazo por violación de niñas de entre 10 y 14 años.
Indignación en la ONU por abusos sexuales contra niños por fuerzas de paz
El Consejo de Seguridad de la ONU expresó el martes su indignación y enojo por las acusaciones de abuso sexual por parte de las fuerzas de paz de la organización y dijo que los países que contribuyen con tropas deben investigar.
El Consejo de 15 miembros se pronunció luego de que el secretario general Ban Ki-moon despidiera al jefe de la misión en República Centroafricana por una serie de acusaciones de abuso sexual contra niños por parte de esa fuerza de paz.
El Consejo dijo en una declaración unánime que compartía "la indignación y el enojo" de Ban y recordó que la misión de paz está desplegada para proteger a civiles.
Los miembros del Consejo subrayaron que "los países que contribuyen con tropas y policías tienen la responsabilidad primaria de investigar estas acusaciones contra el personal uniformado y si es apropiado que continúen".
Según las reglas de la ONU, los países que contribuyen con tropas y policías deben investigar y procesar a los soldados acusados de mala conducta mientras estaban sirviendo bajo la bandera de la ONU.
Pero Ban dijo al Consejo la semana pasada que a muchas veces los países no hacen nada para revertir estos casos.
Las últimas acusaciones reveladas por Amnesty International involucran a una niña de 12 años que dijo haber sido violada por un soldado de la ONU durante una operación de búsqueda en el distrito musulmán PK5 de la ciudad capital de Bangui hace dos semanas.
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