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Anulan parcialmente instrucciones a clínicas y EPS para hacer abortos legales

El Consejo de Estado anuló parcialmente la circular que impartió directrices a clínicas y hospitales para practicar abortos en las condiciones que está permitido por la Corte Constitucional.

Se trata de la Circular 003 de abril de 2013 expedida por la Superintendencia de Salud que buscaba dar cumplimiento a una disposición de la Corte Constitucional que pedía a dicha entidad hacer lo posible para que los procedimientos se hicieran de manera correcta, regulando aspectos como la objeción de conciencia entre otros.

La Corporación analizó una demanda contra de la circular el Hospital San Ignacio de Bogotá y anuló las instrucciones segunda, cuarta y décima primera por considerar que la Superintendencia se excedió en sus competencias al imponer prácticas que deben ser regladas mediante una ley.

La instrucción segunda señalaba que los hospitales, clínicas, EPS y las entidades territoriales tenían prohibido realizar juntas para aprobar abortos legales que tomaran tiempos injustificados, exigir a menores de 14 años un permiso, exigir exámenes adicionales, alegar objeción de conciencia de manera colectiva e institucional  o suscribir pactos para negarse a hacer las interrupciones de los embarazos.

“En estos eventos, dada la manifiesta falta de competencia de la Superintendencia para desplegar su facultad normativa sin una cobertura legal o constitucional apropiada, la pretensión anulatoria de la demanda se encuentra plenamente soportada”, dice el fallo.

Igualmente, fue anulada la disposición cuarta que señalaba que la posibilidad de objetar conciencia para realizar el aborto es individual y un derecho personalísimo que aplica a los prestadores directos del servicio y no al personal administrativo y que acudir a ella no puede terminar afectado el derecho de la mujer a realizarse el aborto.

Sobre este punto, el Consejo de Estado dice que “la Circular No. 003 de 2013 universalizó y normativizó reglas jurisprudenciales que aunque tienen vocación de ser aplicables en casos futuros similares a aquellos en los que fueron proferidas, no pueden generalizarse de manera impersonal y abstracta, como sucede por efecto del instrumento utilizado, sin una cobertura legal adecuada”.

Finalmente, se anuló la instrucción 11 que decía que los prestadores del servicio de salud deben responder de manera oportuna las solicitudes de aborto, siendo este plazo cinco días a partir de la consulta.

Aquí, una vez más, la Corporación señaló que la Circular incursionó en un ámbito con reserva de ley, “sin contar con una base legal mínima que pudiera fundamentar la regulación expedida. Por lo tanto, también al dictar esta medida la Superintendencia actuó fuera de sus competencias”.

Por otro lado, la Corporación señaló que en cuanto a mujeres en condición de discapacidad “la solicitud de IVE puede efectuarla su representante legal o quien quiera que actúe legítimamente en su nombre, sin requisitos formales adicionales al denuncio penal por acceso o acto carnal violento o abusivo, cuando tal sea la causal invocada, o con la certificación de un médico cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, o exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, si ellas son las circunstancias aludidas en el caso concreto”.

A pesar de esta decisión, que anula procedimientos que en la práctica se enfrentan cuando las mujeres acuden a pedir un aborto, el Consejo de Estado mantuvo los otros numerales de la circular que dejan en claro que las entidades prestadoras de salud “están en la obligación de prestar el servicio de interrupción voluntaria del embarazo a mujeres incursas en cualquiera de las causales establecidas en la Sentencia C-355 de 2006, en cumplimiento de los principios de igualdad, universalidad, calidad, seguridad y eficiencia”.

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