Para nadie es un secreto que uno de los derechos que más se vulneran, no sólo en Cartagena sino en toda Colombia, es el de la salud. En el 2015, la Defensoría Regional del Pueblo recibió unas 3.300 quejas ciudadanas, de las cuales 840 tenían que ver con este derecho.
En total, se interpusieron unos 123 incidentes de desacato, 7 acciones populares, 25 tutelas institucionales y unas 516 acciones de tutela para proteger derechos fundamentales como el de la salud, vida y educación.
Frente a esta lluvia de acciones jurídicas contra entidades, la defensora del Pueblo, Irina Junieles, resaltó los logros obtenidos el año pasado con el uso de estas herramientas para la consecución de objetivos, encaminados a que no se vulneren los derechos personales ni colectivos de los bolivarenses.
Resultados que se vieron reflejados hasta en pronunciamientos de la Corte, a través de sentencias que obligaban a restituir los derechos violados a la ciudadanía.
SALUD
En salud, la funcionaria resaltó dos logros importantes. El primero tiene que ver con los pacientes con cáncer, específicamente el caso de Kiara, la niña cartagenera de 8 años que murió el pasado julio, en pleno tratamiento.
A través de una acción de tutela, la Defensoría consiguió que este tipo de casos tengan asiento en el Consejo de Estado y que organismos como la Corte Constitucional le pongan la lupa.
“Las estadísticas aquí son muy complejas, estamos hablando que de 10 niños (de los casos conocidos), 6 murieron en el curso del tratamiento. Entre ellos está una niña de nombre Kiara, que nos llevó a presentar una tutela que tuvo primera instancia en el Tribunal Administrativo, segunda instancia en el Consejo de Estado y estamos ahora insistiendo ante la Corte para que asuma este caso, porque creemos que de alguna manera ella representa la situación de 67 personas enfermas de cáncer en la ciudad, que han tenido una mala atención”, indicó.
El otro caso está relacionado con la sentencia T-579 de la Corte Constitucional, del 4 de septiembre de este año, que ordenó a la ESE Hospital de San Jacinto, a la Alcaldía Municipal y al Sistema Nacional de Atención y Reparación de Víctimas, articular esfuerzos para dotar el puesto de salud del corregimiento de Las Palmas, con el personal médico y los insumos necesarios para la atención permanente de sus habitantes.
“Se supone que nosotros estamos en pleno proceso de cumplimiento de una Ley de Víctimas que debe garantizar los derechos de esta población y la no repetición. Frente a eso, los desplazados le han apostado retornar al territorio. Quizás uno de los temas que encontramos en los que no hubo avance en el municipio de San Jacinto, es en la designación de médicos para el hospital”, precisó Junieles.
“Allí viven muchos adultos mayores, muchas personas diabéticas, con presión arterial. Lo que hicimos fue presentar una acción de tutela en febrero de 2015, que fue negada en primera instancia por un juez de San Jacinto, luego en segunda instancia por el Juez de Circuito de El Carmen de Bolívar y sólo hasta la última instancia que fue la Corte, la otorgaron”, añadió.
Para la Defensora, no sólo en la ciudad sino en todo el departamento es necesario que las EPS se comprometan o sean obligadas, en el caso de las decisiones judiciales, a tener una contratación directa y mucho mayor en cada municipio para evitar el traslado a otras ciudades de la atención de los pacientes.
EDUCACIÓN
Las tutelas por la mala infraestructura de las instituciones educativas, también llevaron la batuta en los mecanismos de acción jurídica, en el 2015.
“Hace más de mes y medio ganamos una tutela en el corregimiento de San Cristóbal, que favorece a 250 jóvenes que estudian en el colegio de la población, pero que está a punto de caerse sin que la institucionalidad hiciera absolutamente nada”, comentó.
Una tutela semejante logró la Defensoría en el municipio de Turbaco, al norte de Bolívar, en el colegio Docente de Turbaco, al “que literalmente las tejas le estaban cayendo encima a los estudiantes. La Alcaldía había asegurado unos recursos para hacer unas reparaciones, pero no sabemos donde quedó ese dinero”, explicó.
PLAN MAESTRO DE DRENAJES
Pese a que en marzo de este 2015, la entidad ganó una acción popular que ordenaba al Distrito a crear un Plan Maestro de Drenajes Pluviales para toda la zona suroriental de Cartagena, lo que beneficiaría a unas 300 mil personas que habitan en estos sectores, aún no hay luz verde para este proyecto, pues el Distrito apeló la decisión y hoy el proceso judicial se encuentra en segunda instancia.
“Cartagena no tiene Plan Maestro de Drenajes Pluviales. Se inunda con cualquier aguacero, eso le trae pérdida a la ciudad y todos sus habitantes constantemente”.
“Frente a esto, creemos que deber haber un compromiso de la ciudad para pensar una obra que es de gran magnitud y así como en su momento se hizo en Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, hoy el gobierno de la ciudad tiene que estar decididamente trabajando en este proyecto”, insistió.
PEMP
Frente a la creación del Plan Especial de Manejo del Centro Histórico (PEMP), documento que debe contener determinadas normas para evitar que con construcciones se afecte el patrimonio en la zona céntrica y sitios aledaños, la Defensoría también presentó una acción popular para lograr la expedición de esta iniciativa.
“Nos preocupa que la ciudad siga creciendo frente al turismo e infraestructura sin que haya una planificación que tenga en cuenta, por ejemplo, la movilidad”, señaló Irina Junieles, defensora del Pueblo en Bolívar.
SERVICIOS PÚBLICOS
Contra Electricaribe, según Junieles, también se instauró una acción de tutela por el mal estado de las redes eléctricas, que amenazaban los derechos colectivos de los habitantes de Olaya Herrera, Nelson Mandela y otros sectores de la ciudad.
“Presentamos una tutela y también interpusimos una acción popular que es mucho más ambiciosa, en el sentido de buscar que Electricaribe mejore todo el sistema de redes eléctricas y de postería en los barrios en donde estas se encuentran en mal estado”, puntualizó la funcionaria.
RETOS 2016
Para este nuevo año, la Defensora manifestó que se seguirá trabajando para garantizar la protección de los derechos fundamentales a todos los bolivarenses, en especial los de la salud y educación, dos de los más vulnerados. Aseguró que se hará énfasis en El Carmen de Bolívar, donde a su consideración, es el municipio del departamento con la peor infraestructura educativa. Dijo que si no se dan estas inversiones en la zona rural, interpondrá varias tutelas.
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