La falta de tierra en manos de los campesinos ha sido una constante en la historia del país y también un tema recurrente en las campañas políticas de los candidatos a la Presidencia de Colombia. Cuando Álvaro Uribe estaba en su primera campaña llegó a proponer que cada ganadero debería dar el 10% de su predio a los campesinos para que la trabajaran, y recién elegido aclaró que no sería regalada, sino puesta a disposición de ellos con mecanismos distintos a ceder la propiedad. Un poco después el presidente Uribe llegó a otra fórmula, que parecía más expedita: entregarles a los campesinos las tierras decomisadas a los narcotraficantes, lo que resultó un proceso más engorroso de lo esperado, por lo que la tierra decomisada y transferida en los 8 años de su gobierno fue poca. Ahora es Juan Manuel Santos quien arranca su periplo comprometiéndose a transferir 2 millones de hectáreas a los campesinos durante sus cuatro años de gobierno, de las 5 millones que se estima les fueron arrebatadas por las distintas formas de violencia a 385.000 familias, de las cuales había 1,2 millones cultivadas. Algunos congresistas dijeron que en Colombia, 4% de la gente es dueña del 61% de la mejor tierra. A la vez, el nuevo Minagricultura, Juan Camilo Restrepo, dijo que teníamos 3 millones de desplazados, 500 mil más de los que contaba el Gobierno anterior. También fue propuesto un censo de tierras y predios, dentro de una nueva Ley de Tierras, que seguramente contará con un mecanismo rápido para extinguir el dominio de los predios mal habidos. Esto incluirá invertir “la carga de la prueba” para demostrar propiedad de la tierra, favoreciendo a los campesinos. Todo lo anterior es prometedor, pero los entes de control tendrán que estar muy vigilantes para que no terminen despojados de sus tierras los propietarios menos influyentes, en vez de quienes las usurparon de formas distintas, bien sean los grupos armados ilegales de izquierda y de derecha, o los políticos que andaban casi detrás de los soldados para comprar a huevo las tierras recién saneadas mediante la seguridad estatal, como pasó en buena parte del país, incluidos los Montes de María. La seguridad jurídica es indispensable en Colombia, por lo que el derecho a la propiedad privada tiene que volverse sagrada, especialmente para defender a los más débiles, que siempre están más expuestos a los abusos de todos los demás, incluido el propio Estado. Tampoco puede desatarse una cacería de brujas, sino un programa serio y eficiente de restitución de la propiedad a sus dueños originales, y a los campesinos que más la necesitan. A los Montes de María les conviene la inversión privada en agroindustrias que den empleos formales de calidad y desarrollen la zona, especialmente de algunas reconocidas como serias, pero primero deberían tener su propia tierra en cantidad suficiente como para volverse empresarios también, sin tener que depender totalmente de terceras personas. La seguridad del país urbano depende del bienestar del campo, cosa que no deberían olvidar nunca los gobernantes ni los habitantes de las ciudades.
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