Analizan opciones a problema en el sacrificio del ganado

Durante una reunión efectuada ayer en la sala de juntas de la Gobernación, los alcaldes y el gobernador de Sucre, Jorge Barraza Farak, analizaron la problemática existente en el Departamento relacionada al sacrificio de ganado bovino y porcino. Lo anterior teniendo en cuenta que hasta el 30 de julio tienen plazo para reglamentar el sacrificio de ganado bovino y porcino a través de una planta certificada. Según lo establecieron los alcaldes, los costos para aplicar la normatividad son muy altos, lo que conllevaría a encarecer los productos cárnicos en cada uno de los municipios. En ese sentido expusieron que por municipio el sacrificio de ganado debería hacerse en: Coveñas, Santiago de Tolú y San Antonio de Palmito en un frigorífico en Lorica; San Pedro y Buenavista, en Magangué; Galeras, san Juan de Betulia, Sincé, El Roble y San Benito Abad, en el frigorífico Sincé, luego de ser adecuado para ello, y el resto de los municipios podrían hacerlo en la planta de Friogan en Corozal, donde actualmente lo hacen Corozal, Sampués y Sincelejo. Según el gobernador, Jorge Barraza, el resto de los municipios de Sucre están incursos en esa problemática que agobia a todos, toda vez que hasta el 30 de julio debe estar solucionado todo lo concerniente al sacrificio de ganado bovino y porcino, porque la Procuraduría está vigilante para que se cumpla con la normatividad. “La aplicación de la norma es un sacrificio social y laboral para aquellas personas dedicadas a sacrificar ganado, además que el costo de la carne se aumentaría por el valor que cobra Friogan para sacrificar las reses. Además el costo del transporte y los alcaldes tienen que construir una cava en frío en sus municipios y pagar el sitio donde se instalará”, precisó el mandatario. Además dijo que esta es una problemática que se está tratando al interior de la Gobernación, teniendo en cuenta que es difícil implementar la medida. Por su parte, Friogan ofreció descuentos durante los seis primeros meses. Existe una legislación vigente que regula el sacrificio de animales de abasto para consumo humano, encaminada a garantizar un adecuado procesamiento, almacenamiento, transporte y entrega al consumidor final en excelentes condiciones sanitarias de inocuidad, y de protección del medio ambiente y los recursos naturales, y es evidente que dichos establecimientos no están cumpliendo con esta normativa ambiental y sanitaria vigente. En el ámbito nacional se referencia la operación de un número aproximado de 1.311 mataderos, de los cuales solo el 1% cumple con los requisitos sanitarios y ambientales para su funcionamiento, el 2% con facilidad lograría los estándares requeridos, y por el contrario, la gran mayoría representados en el 97% requeriría grandes inversiones para alcanzar los estándares. Además, la ley permite que el municipio sea el que preste directamente el servicio de sacrificio de animales, y a la vez, sea el que realice el control sanitario. La influencia de todos estos aspectos obligan a la Procuraduría General de la Nación a efectuar seguimiento, verificación y en general a realizar control de gestión a la actividad de sacrificio de ganado, en procura de minimizar los riesgos ambientales y sanitarios, para asegurar la calidad, inocuidad y competitividad de la cadena cárnica, tanto a nivel nacional como internacional.