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Afinan documento de política pública y reparación colectiva

En el país según el estudio de la CNRR hay identificadas unas 3.500 comunidades en 550 municipios que serían objeto de reparación colectiva.

La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) avanza en la construcción del documento de política pública de reparación colectiva que será propuesto al Gobierno Nacional, por mandato de la Ley de Justicia y Paz.
Para ello, inició una serie de talleres de consulta en 12 ciudades del país, siendo Sincelejo, la primera en realizar ayer dicho ejercicio Sincelejo, con participación de organizaciones de víctimas, representantes de la institucionalidad, academia y miembros de la CNRR en esta sección del país.
El objetivo es presentar un programa institucional de reparaciones colectivas que cumpla con el propósito de recuperar la institucionalidad propia del Estado Social de Derecho, al igual que recuperar y promover los derechos de los ciudadanos, y la dignidad de las víctimas, de cara a la reconstrucción psicosocial de las comunidades más afectadas por la violencia.
“En ese sentido, la Comisión ha elaborado un borrador de política pública que será finalmente presentado el Gobierno Nacional, previa discusión del mismo en las regiones, para afinarlo antes de ponerlo en manos del Gobierno Nacional”, dijo Eduardo Porra Mendoza, coordinador de la CNRR en Sucre.
La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, viene trabajando en este programa desde hace tres años. Inicialmente hizo una revisión de experiencias internacionales y posteriormente un pilotaje en siete comunidades del país, que permitieran construir los elementos que se integran al documento y recomendación de política publica.
“Entre las cosas que se están discutiendo hoy está la definición del sujeto colectivo a reparar, la experiencia internacional nos indica que se reparan grupos o colectivos con identidad étnica fundamentalmente, pero esta propuesta que se está elaborando en el país va más allá y se está proponiendo la reparación colectiva para comunidades que fueron víctimas de violencia sistemática como en el caso de los Montes de María en donde hubo ocupación por parte de actores armados en las comunidades, homicidios selectivos, masacres, desplazamiento y despojo de tierras”, explicó Porras Mendoza.
El documento está ampliado a comunidades víctima de violencia sistemática y también a colectivos que tengan intereses comunes como asociaciones, sindicatos, entre otros.
“Por una parte se está definiendo en esos términos muy avanzados el sujeto colectivo a reparar, y dando un enfoque de reparación de daños, pero a partir de la identificación no solo del impacto sino también de los derechos vulnerados. La apuesta finalmente es por discutir el documento y poner este en manos del Gobierno para que a lo largo de los próximos 10 años, lo apliquen el Estado, la institucionalidad y la puesta en marcha de medidas de reparación”, dijo el Coordinador de la CNRR regional.

Comunidades objeto de reparación
Uno de los temas importantes identificados dentro del estudio que se está discutiendo, es que hay cerca de 3 mil 500 comunidades en 550 municipios del país que serían objeto de reparación.
Para ello, básicamente trabajan unos criterios que permiten definir a la comunidad, en el caso de Sucre, hechos como el de las masacres y desplazamientos masivos, presentados en diversas comunidades que serían sujetos de reparación.
“Sin embargo no nos anticipamos decir que comunidades serían objeto de reparación, para no generar falsas expectativas porque finalmente es el Gobierno Nacional y no la CNRR, el que va a adoptar unos criterios, identificar y escoger las comunidades”, expresó.
Agregó que en la región hay comunidades donde se presentó ocupación, violencia sistemática, desplazamiento masivo y masacres.

¿CÓMO VA EL PROCESO?
El proceso de reparación a víctimas es largo, y según el Coordinador de la CNRR en estos momentos se está a medio camino, pero hay muchos avances, expectativas y claridad sobre lo que se espera.
Hasta el momento la sede regional de la CNRR viene trabajando con la comunidad de Libertad, en San Onofre, que fue incluida dentro de las siete comunidades del piloto de reparación colectiva, y también trabaja un proyecto de restitución de tierras con la comunidad de Chengue, en Ovejas.
“Hemos encontrado unas comunidades muy activas que se reconocen como víctimas y con derechos, lo que ayuda a fortalecer el proceso que debe democratizarse como todo lo que tiene que ver con la verdad, la justicia y la reparación integral de las víctimas”, dijo Porras Mendoza.
Entre las debilidades, están aspectos como los conflictos generacionales, como quiera que los jóvenes y adolescentes desplazados no están mirando hoy el retorno como una posibilidad, mientras que las generaciones de mayor edad si, siempre y cuando existan condiciones de vida digna.
Actualmente en Sucre hay más de 9 mil víctimas registradas como tal, en relación con el bloque Montes de María, y fueron presentadas más de 10 mil solicitudes de reparación.

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