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Anulan orden de desacato contra José Puentes Caña

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El Juzgado Primero Penal del Circuito de la ciudad de Sincelejo declaró la nulidad de la orden de desacato de una acción de tutela interpuesta contra el gerente de la Sociedad Equipos por Sincelejo, José Puentes Caña.

A la máxima autoridad de la institución organizadora de las Festividades del 20 de Enero o Dulce Nombre de Jesús de Sincelejo se le imponían tres días de arresto y el pago de una multa por un salario mínimo legal mensual.
Pero con esta decisión del Juzgado Primero Penal del Circuito de la ciudad de Sincelejo, la orden que solicitaba el pago de lo mencionado al gerente de la mencionada entidad, José Puentes Caña, se quedó sin piso jurídico y se cayó.
Puentes Caña había quedado a un paso de pagar dicha sanción en calidad de gerente de la empresa de economía mixta, pues el Juzgado Tercero Penal Municipal había considerado que desacató lo ordenado en la mencionada tutela.
El fallo obedeció a que el empresario taurino Edgar Corena, mediante un derecho de petición, le exigió a Puentes Caña, información relacionada con los manejos de los recursos de la mencionada empresa que se encargó por primera vez de organizar las Fiestas del 20 de Enero.
Pero según el abogado de la citada empresa, Sadis Alfonso Martínez, informó en la tarde de ayer que el Juzgado Primero Penal del Circuito de Sincelejo, en atención al recurso de apelación del implicado, decidió anular la decisión inicial.
En consecuencia, José Puentes Caña, se salvó de pagar los tres días de arresto y la multa de un salario mínimo legal, gracias a que en nuestra sociedad de derecho existen dos instancias una de carácter superior y una inferior.
Esta última instancia favoreció al demandado José Puentes Caña en su utilización del recurso de apelación, porque cuando se contestó el desacato se solicitó la demostración de pruebas de desatención al derecho de petición que generó la acción de tutela.
El texto de su fallo el Juzgado Primero Penal del Circuito de Sincelejo dice, igualmente, que una vez surtidas las notificaciones y como contra la presente decisión no cabe recurso alguno, se devolviera el negocio a la instancia origen.
La violación del derecho de defensa del implicado hizo que éste quedara libre de ser obligado a cumplir dichos tres días de arresto y cancelar el equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente.

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