Condenan a 40 años de cárcel al ex senador Álvaro García

Los Magistrados de la Corte condenaron igualmente a García Romero por vínculos con los paramilitares. El ex senador encuentra recluido en la cárcel Picota de Bogotá, donde permanecerá. El ex senador de Sucre, Álvaro García Romero fue condenado a 40 años de cárcel por la masacre de Macayepo (Bolívar), en la que murieron a manos de los paramilitares unas 15 personas. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia encontró responsable al ex senador García Romero de la masacre de Macayepo, ocurrida el 14 de octubre de 2000 en la que fueron asesinados a machete 15 campesinos. Los Magistrados de la Corte condenaron igualmente a García Romero por vínculos con los paramilitares. Para la Corte, según las pruebas recaudadas, el ex Congresista fue el determinador de esos hechos, y también fue culpable de concierto para delinquir agravado con grupos paramilitares y de peculado. Según el fallo de la Corte, el ex Senador realizó pactos con los grupos de autodefensas para presionar a sangre u fuego a los electores y poder llegar así al Congreso de la República, además de utilizar recursos del departamento de Sucre para entregárselos a los paramilitares a cambio de apoyo político. García fue procesado por la masacre de Macayepo, cometida en octubre de 2000, por un grupo paramilitar comandado por Rodrigo Mercado Peluffo, alias “Cadena”. Ahí fueron asesinados 15 campesinos a piedra, garrote y machete. Se consideró que García Romero tuvo responsabilidad en esos hechos tras la interceptación telefónica de una llamada del ex Senador con el ganadero, Joaquín García, 10 días antes de la masacre. En septiembre del año pasado, la Corte Suprema retomó el proceso contra García Romero, quien renunció a su condición de congresista para que su caso fuera llevado por la Fiscalía General de la Nación. Álvaro García Romero había renunciado al fuero de congresista y su proceso pasó a la justicia ordinaria. Un Juez Especializado adelantó el juicio y con el cambio de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, el expediente fue retomado por la Sala Penal que dictó 40 años de cárcel sin beneficio de excarcelación. El ex Senador actualmente se encuentra detenido en la cárcel Picota de Bogotá desde noviembre de 2006. La Corte Suprema además le compulsó copias al ex Senador García Romero por desplazamiento forzado, que es un delito de lesa humanidad. PRONUNCIAMIENTOS Algunos dirigentes contradictores del movimiento político de García Romero en Sucre no quisieron pronunciarse sobre la condena dictada por la Corte Suprema al ex Congresista. El senador Gustavo Petro Urrego y candidato presidencial por el Polo Democrático Alternativo, quien fue el primero que lo denunció ante el Congreso de la República, dijo: “Yo fui quien lo denuncié ante el Congreso, y esta condena es ejemplarizante para una juventud que quiere seguir sus pasos y para una parte de la sociedad caribeña que esta dispuesta a votar por los tentáculos de este tipo de personas. Queda demostrado que hay asesinos haciendo leyes en este país”. Finalmente Petro Urrego reiteró que el pueblo tiene que liberarse de esta clase de asesinos haciendo política. Iván Cepeda, presidente del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, dijo que para el movimiento es un motivo de alegría que se haya producido la condena de García Romero. “Creemos que junto a la condena del ex gobernador de Sucre, Salvador Arana Sus, esta nueva decisión de la Corte Suprema de Justicia sienta una jurisprudencia que defiende y salvaguarda los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, y se constituye en un mensaje jurídico para los perpetradores de crímenes masivos en Colombia, en términos de que tarde que temprano esos crímenes serán sancionados por la justicia”. Cepeda dijo además que esta nueva condena muestra aspectos importantes de la verdad de lo que ha acontecido en departamentos como Sucre, donde fueron políticos grandes los que utilizaron servicios de paramilitares para perpetrar crímenes de lesa humanidad. “Este tipo de condenas también deben hacer reflexionar a los ciudadanos sobre a quienes van a elegir el próximo 14 de marzo para el Congreso; no es posible que familiares, como la hermana de Álvaro García, o personas cercanas a condenados o procesados, terminen sustituyéndolos en las corporaciones públicas. Creemos que si bien no hay impedimento de carácter legal para ello, si existe impedimento ético para que se promuevan este tipo de candidaturas”, precisó Iván Cepeda. El Universal de Sincelejo trató de contactar a familiares de Álvaro García Romero, pero no pudo ser posible.