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Empezó plan piloto para la restitución de bienes

El corregimiento de Chengue, en el municipio de Ovejas, es el piloto en el departamento de Sucre para la ejecución del proyecto de Restitución de Bienes.

La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) escogió esta comunidad, en donde actualmente todavía la mayoría de sus habitantes están desplazados y viven en el casco urbano de Ovejas, teniendo hoy sus tierras abandonadas.
En esa población, según el coordinador de la Comisión Regional de Reparación y Reconciliación en Sucre, Eduardo Porras, se ha presentado algún tipo de retorno tímido, y hay otro fenómeno que es el repoblamiento de comunidades vecinas o de otras regiones del país que se han asentado allí.
El 17 de enero de 2001 la comunidad fue víctima de una masacre que dejó como resultado 27 personas muertos, 32 viviendas quemadas y aproximadamente 500 personas desplazadas forzadamente.
La comunidad de Chengue está integrada en la actualidad por aproximadamente 100 familias, que ocupan aproximadamente 500 hectáreas de tierra, de las cuales sólo 70 corresponden a predios de reforma agraria, terrenos que, aunque fueron adquiridos por el Incora y ocupado por campesinos, no se adjudicaron formalmente, según informes de la CNRR en Sucre.
El resto de tierras se encuentran en manos de familias que las ocuparon desde tiempos inmemoriales y sobre las cuales prevalece la informalidad jurídica. Se trata de predios cuyas posesiones han pasado de generación en generación, fruto de las sucesiones por causa de muerte de los beneficiarios originales.
Hoy tales predios se están explotando de manera parcial, en algunos casos por parte de campesinos que no pertenecen a la comunidad, pues llegaron a este poblado con posterioridad a la masacre ocurrida en enero de 2001.
Según la Comisión, uno de los problemas que la comunidad identifica para que se dé un retorno efectivo es la satisfacción al acceso de tierras que hacen sus pobladores, pues de no ser ello posible resultaría más atractivo permanecer en estado de desplazamiento.

PROTECCIÓN DE TIERRAS
En la actualidad, el Proyecto de Protección de Tierras y Bienes de la Población Desplazada (PPTBPD) ha protegido en el corregimiento de Chengue y sus alrededores aproximadamente unas 2.500 hectáreas de tierra.
De aproximadamente 75 familias desplazadas por la masacre, diez de sus cabezas han efectuado un retorno laboral, entendiendo que temporalmente, es decir, durante la época de cosechas, los hombres en edad productiva de dichas familias retornan al poblado para desarrollar actividades agrícolas, y se encuentran coexistiendo con cerca de quince familias más, llegadas al lugar después de la masacre.
En la mayoría de los casos con autorización, se encuentran ocupando viviendas y explotando las tierras de los tradicionales moradores de Chengue.
“Estos nuevos moradores han sido denominados por los chengueros tradicionales con la categoría de repobladores y son aproximadamente 25 familias, por lo que no son ni pueden ser catalogados como retornados. Sin embargo, relacionados e integrados como están a la comunidad, son también agentes de demandas a necesidades y problemas similares a la de los chengueros y chengueras de rancia estirpe”, según la Comisión de Reparación y Reconciliación.

EL PILOTO
El proyecto de restitución de tierras se realiza con fuentes de la OIM y de la AID y la entidad ejecutora es la Cámara de Comercio de Sincelejo.
Un Comité de Seguimiento que es la Organización Internacional para las Migraciones, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y la Cámara de Comercio.
Asimismo, un equipo ejecutor que es un abogado experto, una abogada asistente y un enlace.
Según explicó Eduardo Porras, en principio busca beneficiar a 100 familias que actualmente poseen aproximadamente 600 hectáreas de tierra.
“Hablo de familias iniciales beneficiarias porque de hecho van a salir allí otras más, teniendo en cuenta que es un pilotaje”, manifestó.
En estos momentos avanza la preparación y procesamiento de información, al igual que la planificación y acuerdos con la comunidad beneficiaria.
El objetivo del proyecto es acompañar jurídica e institucionalmente a las víctimas en su propósito de recuperar el ejercicio pleno de la propiedad, la posesión u ocupación de las tierras u otros bienes inmuebles abandonados.
Asimismo, definir la situación física y jurídica en que se encuentran esos predios, y sistematizar la información para que esos resultados le aporten a la política pública nacional en materia de la restitución de tierras.
“Hay otros objetivos como cuantificar las personas, sistematizar el tema de predios, hectáreas afectadas, formalizar la propiedad en la comunidad para propiciar un retorno integral y por supuesto identificar elementos asociados a este”, indicó el Coordinador Regional de la CNRR.

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