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En marcha colegiatura del Comunicador y Periodista

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El Proyecto de Ley 294 de 2009, aprobado en primer debate en la Cámara de Representantes, impulsa la Colegiatura Nacional del Comunicador Social y Periodista en Colombia.

Dicha iniciativa que consta de 8 capítulos y 24 artículos fue presentada por el representante a la Cámara por Sucre, José María Conde Romero, en donde señala que “los periodistas son los profesionales que ejecutan las tareas propias de la información y aunque ésta sea un derecho de todos, el funcionamiento de su estructura social demuestra que no toda persona tiene condiciones necesarias para desempeñarse como periodista”.
El Proyecto de Ley recoge la idea que en su articulado, sometido al examen del legislativo, no hay lugar a confundir el derecho general a expresar opiniones con la función profesional del periodista, consistente en buscar, interpretar, procesar y difundir noticias.
La justificación de dicho proyecto retoma el sentir de la Constitución Nacional, específicamente cuando estableció la necesidad de proteger la actividad periodística fue para garantizar su libertad e independencia.
“El Estado deberá velar porque los Comunicadores Sociales y Periodistas tengan libertad en el acceso a la fuente, también velará por la seguridad, la vida y la integridad física de quien ejerce el periodismo y por tal razón se hace necesario garantizar el secreto profesional, como consecuencia del reconocimiento del periodismo como profesión”.
El Proyecto de Ley consagra que se considera Comunicador Social y Periodista, a toda persona natural que cumpliendo los requisitos de la presente Ley realiza su actividad de manera periódica y remunerada, previo a su formación en una universidad, debidamente autorizada por el Gobierno Nacional.
El Capítulo II del Proyecto de Ley, contenido en la Gaceta del Congreso de la República, número 181, estipula: Créase al Colegiatura Nacional del Comunicador Social y Periodista, como una organización de derecho público, con personería jurídica y patrimonio propio, integrado voluntariamente cuya estructura interna y funcionamiento será democráticamente en cumplimiento la Artículo 26 de la Constitución Nacional.

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