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La máxima condena de Salvador Arana

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La senda de vinculaciones de políticos con delitos de lesa humanidad, a raíz de sus relaciones con grupos armados al margen de la ley, empezó a abrirse paso en Colombia y su tránsito arrancó de la mano de la Corte Penal Internacional (CPI). En los próximos días se escucharán nuevos ecos en ese sentido.

El primer paso lo dio la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia el jueves pasado, al imponerle la máxima pena al ex gobernador de Sucre y ex embajador de Colombia en Chile, Salvador Arana Sus, quien deberá permanecer en prisión por 40 años y pagar cerca de 2.400 millones de pesos.
La razón para que esta pena sea considerada un guiño a dicha posibilidad, que podría cobijar a más de uno de los llamados parapolíticos, es precisamente que la Corte, por ser el máximo tribunal de la justicia ordinaria, la convierte en el ejemplo a seguir por todos los jueces del país, pues sus pronunciamientos constituyen lo que los especialistas denominan precedente jurisprudencial.
No es la única razón. El cóctel de beneficios y relaciones del caso Arana y su cercanía con los grupos paramilitares se repite de distintas maneras en un grueso número de procesos que están bajo la lupa de las autoridades, muchos en manos de la misma Corte Suprema.
En ellos se deben tener en cuenta cargos como masacres, torturas, secuestros, desapariciones y desplazamientos forzados muchos de los cuales, por haberse cometido con posterioridad al 1 de noviembre de 2002 (entrada en vigencia la CPI en temas de lesa humanidad) los hacen susceptibles de vigilancia por parte de la CPI.
“No cabe duda de que quienes fungían como voceros políticos legalmente reconocidos, que inclusive escalaron posición dirigente, realmente hacían parte de la cúpula de los grupos paramilitares”, señala la Corte al abrir la puerta para evaluar en detalle uno a uno los procesos que le arrebató a la Fiscalía General de la Nación hace un par de meses.
“En tal condición integraban el directorio de mando que diseñaba, planificaba, proyectaba, forjaba e impulsaba las acciones que debía desarrollar la empresa criminal en aras de consolidar su avance y obtener más réditos”, agrega el fallo, en clara alusión a los beneficios que recibieron distintos dirigentes políticos.
La Corte tuvo en cuenta el sinnúmero de hechos luctuosos que regaron distintas regiones del país: “Buscaban arrasar a todos los ciudadanos u organizaciones que se opusieran a sus propósitos”, mencionó la Corporación, tras analizar la muerte de Eudaldo Díaz.

CONCIERTO PARA DELINQUIR
El pronunciamiento es mucho más amplio: “También deben ser castigadas en igual medida aquellas conductas preparatorias para la comisión de los delitos que incluyen tanto el acuerdo como el tomar parte en una actividad dirigida a ese fin, como ocurre con el concierto para delinquir agravado”.
Este último delito es precisamente el que cobija a muchos de los investigados en la llamada parapolítica y que, como en el caso Arana, entrará a ser evaluado por la Corte de manera individual. Esta razón es la que hace que por los pasillos del Palacio de Justicia se especule que la suerte de Arana está hecha para otros de los investigados por nexos con paramilitares.
“El Estatuto de Roma que dio origen a la Corte Penal Internacional ha tenido en cuenta no sólo la conducta del autor o de los partícipes, sino que también ha considerado en especial la existencia de propósitos dirigidos a cometer delitos de lesa humanidad”, señala el Tribunal al sustentar el porqué de la vinculación con el concierto para delinquir.
En ese sentido no ahorra esfuerzos la Corte: “El político en su condición de miembro de la organización criminal impulsaba no sólo a obtener la permanencia del irregular grupo, sino que pretendía ejercer en espacios o crear los mismos en procura de resultar funcionales a la empresa delictiva”.
Una de las pautas que tendrá presente la Corte para considerar la calidad de un delito de terrorismo es que en el mismo se haya incurrido en financiamiento de operaciones cuyo propósito final haya sido ocasionar la muerte, o lesionar a civiles.
A la par serán evaluados criterios de intimidación a la población civil. Este mismo, añade, ha sido utilizado por distintos Estados para negar peticiones de asilo. Esto “priva a tales conductas de cualquier naturaleza política”, considera.
Cada uno de estos argumentos será tenido en cuenta por la Corte al analizar casos como los que se siguen contra del ex senador Álvaro García Romero, quien es vinculado con la masacre de Macayepo, o el de Mario Uribe, a quien Jairo Castillo Peralta, alias ‘Pitirri’, señala de haber adquirido tierras de las que habrían sido desplazados sus propietarios.
El primero de estos procesos, se asegura al interior del alto tribunal, será resuelto antes del 18 de diciembre, cuando inicia la vacancia judicial.
“La presente decisión es una muestra de las posibilidades que tiene la justicia colombiana de investigar y sancionar graves crímenes que repugnan a la humanidad”, señala la Corte al eliminar la posibilidad de una injerencia de la CPI.

¿POLÍTICO Y PARAMILITAR?
Pero esos no son los únicos raseros que tendrá en cuenta de ahora en adelante la Corte al momento de dictar una sentencia en la que puedan estar de por medio dirigentes políticos.
En caso de comprobar que un dirigente participó de los réditos alcanzados por una organización al margen de la ley, valiéndose de su función, éste deberá responder penalmente por los mismos crímenes que se le atribuyan a los comandantes o jefes de los bloques o frentes.
Las repercusiones y los alcances del fallo que condena a Arana a 40 años de prisión son bien conocidos por la Corte Suprema, lo mismo que las acciones que intentarán los abogados para tratar de salirle al paso.
Por esto la advertencia con la que cierra la Corte su decisión: “En el evento en que alguna autoridad pretenda la impunidad de los hechos juzgados en el presente asunto, se remitirá copia de la actuación a la Corte Penal Internacional para que avoque su conocimiento, en tanto se demostraría que algunas instituciones en Colombia obstruyen la eficacia de la administración de justicia”.

PARÁMETROS PARA LA LESA HUMANIDAD
“Para llegar a considerar a los responsables de concierto para delinquir como autores de delitos de lesa humanidad deben estar presentes los siguientes elementos”, según la Corte Suprema de Justicia (estas fueron, precisamente, algunas de las que incluyó en el caso Arana Sus):
1.Que las actividades públicas de la organización incluyan algunos de los crímenes contra la humanidad.
2. Que sus integrantes sean voluntarios.
3. Que la mayoría de los miembros de la organización debieron haber tenido conocimiento o ser conscientes de la naturaleza criminal de la actividad de la organización.

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