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Las tutelas se apoderan del sistema judicial en Sincelejo

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Unas 5 mil 900 tutelas han sido interpuestas por la población desplazada ante los distintos juzgados de esta ciudad para reclamar las ayudas a las que según ellos tienen derecho.
De esas 5 mil 900 tutelas sólo en el Juzgado Primero Penal de Sincelejo se han tramitado este año 519, cuando en un año el promedio de casos tramitados ahí es de 250.

Haciendo una evaluación de las tutelas mes por mes de tutelas presentadas por población desplazada, desde el mes de agosto el incremento ha sido significativo porque han llegado desplazados de otros departamentos, tales como de los municipios de El Carmen de Bolívar, Magangué y Córdoba (Bolívar).
Lo anterior fue motivo para realizar una reunión por parte de Acción Social con el cuerpo judicial tendiente a buscar la solución a esta problemática.
Según José Luis Padrón Arroyo, director de la Unidad Territorial de Acción Social, dentro de las causas de esa problemática se previó que son tramitadores e intermediarios los que están trayendo a esas personas a la capital de Sucre. “Aprovechándose del desconocimiento y necesidad de estas personas las traen a la ciudad de Sincelejo en camiones y buses, congestionando los despachos judiciales y la atención directa que se presta en la Unidad de Atención a Población Desplazada (UAO)”, precisó el funcionario.
El llamado que hizo a la comunidad desplazada de esos municipios de Bolívar, es que no necesitan trasladarse hasta Sincelejo para impetrar tutelas, porque existe una ruta en cada departamento para ello. “Es competencia de las autoridades locales, las alcaldías y las personerías municipales la atención de este requerimiento de la población y con solo llenar un formato en la Personería de sus municipios y enviarlo a la Unidad Territorial de Cartagena de Acción Social, les pueden hacer los tramites ante el nivel nacional para que les asignen los recursos a través del Banco Agrario”, explicó Padrón Arroyo.
Las personas se están trasladando hasta Sincelejo a hacer dichos trámites por la cercanía que hay con esos municipios y en atención a que existe un compromiso institucional y la voluntad de las autoridades para atender a la población desplazada. En ese sentido, el funcionario dijo que se están aprovechando de esa institucional para impetrar las tutelas.
Reiteró que la población desplazada no necesita movilizarse hacia ningún otro municipio, ni tampoco de tramitadores o intermediarios para acceder las ayudas de Acción Social.
Acción Social sostuvo una reunión con representantes del poder judicial y diferentes instancias para socializar con ellos las jurisprudencias y normativas que permitan que esos fallos no se sigan dando en derecho, pues es de conocimiento la realidad del contexto, y es que prima un interés personal y mezquino de los tramitadores, indicó Padrón Arroyo.
También dijo que han recibido en Acción Social denuncias muy puntuales, las cuales les han dado tramite ante el Consejo Superior de la Judicatura para que investigue disciplinariamente a los profesionales del derecho (tramitadores o intermediarios) y los sancionen de acuerdo a las normas preestablecidas, en caso de que estén violentando el Código Disciplinario o el Código de Ética de los abogados.
Según el personero de Sincelejo, Omar Quessep Feria hay tramitadores que cobran entre 20 y 30 mil pesos por dar tramite a cada tutela. Además dijo que la falta de operatividad en Ación Social para agilizar los procesos, ha conllevado al amontonamiento de la gente tanto en el Palacio de Justicia como en el Banco Agrario, donde hacen largas filas, hasta de un día completo para cobrar sus dineros.
Acción Social les está comunicando a los desplazados a través de mensajes vía celular, cuando muchos desplazados no cuentan con celular por lo que muchas veces tienen que dar el número de allegados o vecinos.
Quessep Feria precisó que tampoco hay operatividad en el Banco Agrario, por lo que ofició a la entidad para que abra una extensión a fin de lograr la descongestión.

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