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A las víctimas les preocupa el problema de la seguridad

Las víctimas de la violencia en el país tienen muchas expectativas y esperanzas en el proyecto que cursa actualmente en la Cámara de Representantes sobre la Ley de Víctimas, sin embargo les preocupa el tema de su seguridad.

Así lo expresó ayer en Sincelejo, el representante Guillermo Rivera, coordinador de ponentes del proyecto, quien participó en el Diálogo Regional promovido sobre la Ley de Víctimas, promovido por la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación (CNRR), Vicepresidencia de la República, los ministerios del Interior y de Agricultura y el Congreso de la República.
Expresó el Representante, que para nadie es un secreto que a líderes de organizaciones de víctimas, sobretodo, a quienes están reclamando tierras los están asesinando.
“Lo que la gente quiere es que haya garantías de seguridad, de protección para las víctimas”, aseveró.
Agregó que en ese sentido el proyecto contempla todo un capítulo que es el de garantías de no repetición, el cual tiene que ver con garantizar que los hechos victimizantes no se repitan.
“Pero mientras el proyecto sea aprobado lo que nosotros hemos planteado es que el Gobierno tiene que diseñar en el marco de su política de seguridad unas estrategias específicas para evitar que a la gente le sigan asesinando”, expresó el Representante a la Cámara.
El Diálogo Regional en Sincelejo, se constituyó en el tercero que se realiza en el país. Se cumplieron también en Valledupar y Montería. El próximo lunes en la ciudad de Medellín y el viernes próximo en Cucuta.
“La gente tiene muchas expectativas y esperanzas que este proyecto se convierta en Ley de la República”, aseveró Rivera.
El Diálogo Regional se cumplió en el auditorio de la Gobernación de Sucre, y contó con la participación del gobernador (e) de Sucre, Enrique Fadul; el comisionado nacional, monseñor Nel Beltrán Santamaría, funcionarios de los ministerios del Interior y Agricultura, y las víctimas, quienes dieron a conocer su opinión frente al proyecto de Ley que se está tramitando en la Comisión Primera de la Cámara, y cuyo debate iniciará la próxima semana.
Según el Coordinador de Ponentes, hay un buen ambiente sobre el proyecto, y aunque tiene opiniones divididas en muchos temas, a diferencia de lo que ocurrió en el Congreso anterior, en este la iniciativa se va a convertir en Ley de la República.
“Ha sido el propio presidente Juan Manuel Santos, quien ha asumido de manera directa el liderazgo frente a este proyecto y me parece que eso hace que el Congreso actúe de una manera más decidida y comprometida. Yo pensaría que es garantía que va a convertirse en Ley”, dijo.
Agregó que los expertos economistas y Ministro de Hacienda han dicho que el proyecto tiene manera de financiarse y por lo tanto se está tramitando la iniciativa con toda la tranquilidad del caso.

UNIDAD ESPECIAL DE TIERRAS
Dentro del proyecto de Ley de Víctimas, el Gobierno Nacional está proponiendo para restituir a más de 460 mil familias víctimas del desplazamiento forzado y devolverles alrededor de tres millones de hectáreas, la creación de la Unidad Administrativa Especial de Tierras Despojadas y Salas Agrarias, que estará adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
La instancia estará especializada en registrar y tramitar los procesos de devolución de tierras o de reacomodación de las víctimas desplazadas.
Esta Unidad tiene como objetivos principales pagar, en nombre del Estado, las sumas ordenadas por el magistrado de restitución de tierras despojadas a favor de terceros de buena fe; crear los mecanismos necesarios para saldar los impuestos de los bienes restituidos y las compensaciones necesarias cuando no sea posible recuperar el predio del desplazado; una vez finalizadas estas compensaciones, la Unidad se encargará de entregar el bien dentro de los tres días siguientes.
El proyecto de ley también propone la creación de un sistema de registro de tierras despojadas, donde se recogerán las solicitudes de restitución. Este sistema reúne todas las bases de datos de las instituciones que tienen competencia en tierras y desplazados, como el IGAC, la Oficina de Instrumentos Públicos, el Incoder, Acción Social y la CNRR.
Asimismo, la iniciativa legal propone un Fondo Rotatorio de la Unidad Administrativa Especial de Tierras Despojadas, que se encargará de administrar los recursos destinados a la restitución de bienes. El Fondo Rotatorio será el instrumento financiero y contará con una fiducia comercial para la administración de los recursos.
También se pretende organizar tribunales superiores de distrito judicial en temas agrarios, es decir ‘salas agrarias’ creadas por el Consejo Superior de la Judicatura y que contarán con magistrados especiales para tomar decisiones respecto a solicitudes de restitución de predios.
Los magistrados podrán imputar penas de prisión de 7 a 12 años a personas que omitan o falsifiquen información cuando diligencien el registro de tierras despojadas. Asimismo, los servidores públicos a quienes se les demuestre que conocen una alteración de la información o de fraude y no la informen, serán penalizados con inhabilidad, de 10 a 20 años, para ocupar cargos oficiales.

UN PROBLEMA DE COLOMBIA
El comisionado monseñor Nel Beltrán Santamaría expresó que el proyecto de Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, se enmarca en una cosa excepcional, en un proceso de rectificación histórico.
“Estamos en un proceso de rectificación, lo que hoy celebramos busca impulsar todavía más, la cancelación de una historia pasada de violación y despojo, vivida al amparo del Estado y la sociedad, una historia injustificable desde cualquier punto de vista, aunque en esos momentos cuando nació se elaboró pensamiento especial, que se resumía en el proyecto de una patria nueva que se construía sobre el despojo y la violencia”, dijo el Obispo de la Diócesis de Sincelejo.
Agregó que la CNRR ha hecho una tarea muy profunda a favor del país, pero no es suficiente todavía, y tampoco en el inmediato futuro va a ser suficiente “quedarán muchas injusticias, pero hemos avanzado mucho pero sobretodo habremos restaurado el alma nacional. El diálogo de hoy es un mecanismo que puede ayudar a impulsar la nueva historia de Colombia, una historia construida más en serio y menos nominalmente sobre el papel más inserio,a una historia de Derechos Humanos”, dijo Beltrán Santamaría.

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