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Listo proyecto para llevar a Sucre a la Ley 550

El Gobierno Departamental, presentó a la Asamblea el proyecto de Ley y la exposición de motivos para que sea aprobada la ordenanza que le permitirá a Sucre salir de la crisis financiera generada por el sector salud, a través de la Ley 550 o reestructuración de pasivos y la aplicación del programa de saneamiento fiscal.

En la exposición de motivos, el gobernador de Sucre, Jorge Carlos Barraza Farak, le explica a los diputados que la Administración Departamental viene siendo objeto de una serie de demandas ejecutivas por cuenta del no pago de la prestación del servicio de salud de alta complejidad que se le presta a la población carnetizada y a la vinculada por parte de las IPS o clínicas y hospitales privados.
Señala que en el año 2008 se tramitaron contra el departamento de Sucre 49 demandas y fueron embargados recursos por la suma de 10 mil 206 millones de pesos.
En el 2009 ya van cinco demandas y se han adicionado embargos por una cuantía de 2 mil 600 millones de pesos.
“En estos trámites los jueces de la República han ordenado la retención de recursos, entre otros, de destinación específica y en algunos casos los que la misma ley ha señalado como inembargables. De esta manera la programación presupuestal y los proyectos que se han pretendido ejecutar quedan a medias y en el peor de los casos se abortan, pues las demandas ejecutivas ordenan capturar los recursos que la Administración Departamental ha programado para ejecutarlos. Tales acontecimientos operan como una tenaza que aprieta fuertemente la autonomía y las decisiones de gobierno, e inclusive, amenazan seriamente con el cumplimiento de obligaciones primarias de funcionamiento, toda vez que los pagos de salarios a los empleados y las transferencias legales, últimamente se vienen efectuando con la utilización de malabares administrativos”, señala uno de los apartes del proyecto de ordenanza.

NO HAY FINANCIACIÓN
Precisa el Gobernador que la ausencia de financiación de los servicios de salud, viene dada por el aumento inusitado de los eventos no POS, que han sido autorizados generalmente en el tiempo por vía judicial, consolidados jurisprudencialmente por la Corte Constitucional y por la fuerte presencia de población desplazada no carnetizada a la cual también deben prestárseles los servicios de alta complejidad, cuando la situación lo demande.
“Por cuenta de estos hechos, el departamento de Sucre en sus dos últimas administraciones ha tenido que recurrir al crédito bancario con la finalidad de resolver en parte el pago de cobros”.
Recordó que la misma Asamblea Departamental ha autorizado al ejecutivo en tres ocasiones para contratar créditos con la finalidad de cancelar pasivos generados por la prestación de servicios de salud de alta complejidad, recaído en la población más pobre y vulnerable.
“En el último consejo comunal realizado por la Presidencia de la República en el departamento de Sucre, expresamente formulé al Gobierno Nacional la necesidad de crear un fondo de compensación del sector salud, con base en la asignación de un punto porcentual de los cuatro que por parafiscalidad se entregan a las Cajas de Compensación Familiar, propuesta esta que también ha sido reiterada en las dos últimas asambleas de gobernadores y que hoy encontramos puliendo para el respectivo trámite legislativo”, dijo el gobernador Barraza Farak.
Anotó que no hay salida distinta a esta crisis pues, las rentas cedidas al sector salud, son absolutamente insuficientes para cubrir el alto costo de la prestación del servicio de alta complejidad.
“Como se dijo recientemente en el editorial de un diario, las cuentas del sector salud están enredadas con el actual esquema de financiamiento, pues es evidente que ha colapsado, en virtud a la ausencia de fuentes que permitan un equilibrio consistente”, señaló el Mandatario.

LAS AUTORIZACIONES SOLICITADAS
En el proyecto de ordenanza la Administración Departamental solicita a la Asamblea, autorizar al Gobernador para celebrar un acuerdo de reestructuración de pasivos en los términos de la Ley 550 de 1999 y adoptar y ejecutar el programa de saneamiento fiscal y financiero de que trata la ley 617 de 2000.
Así mismo:
1. Determinar la estructura de la Administración Departamental y las funciones de sus dependencias.
2. Modificar, suprimir o fusionar entidades o áreas que conforman la estructura de la Administración Departamental en el sector central a fin de adecuarlas a los lineamientos de la Ley 617 y armonizarlas con sus competencias constitucionales y legales.
3. Modificar y adoptar niveles, nomenclatura, clasificación y escalas de remuneración de las distintas categorías de empleos del Departamento.
4. Modificar el presupuesto conforme a las necesidades y condiciones que exijan el cumplimiento de programas de ajuste.
5. Ajustas las transferencias a los órganos de control del orden departamental.
6. Reorientar las rentas.
7. Vender, permutar, ceder o dar en pago los activos de propiedad del Departamento, que la Administración considere innecesaria su tenencia. Su producto se destinará a financiar el acuerdo de reestructuración de pasivos.
9. Celebrar las operaciones de crédito público, tendientes a financiar la reestructuración administrativa que llegare a considerarse en desarrollo del programa de saneamiento de que tratan las leyes 617 y 550.

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