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Pide acelerar su postulación para contar verdad de Sucre

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Herrera Rojas había presentado su petición de postulación el 10 de noviembre de 2009 y un año más tarde interpone una acción de tutela por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y la paz y solicita ordenar al Alto Comisionado para la Paz y al Ministerio del Interior y Justicia que lo postulen a la Ley de Justicia y Paz ante la Fiscalía General de la Nación. Es así como, el pasado 10 de noviembre de 2010, la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, resolvió tutelar el derecho de petición de Herrera Rojas y ordenó al Alto Comisionado para la Paz que en un término no mayor a 48 horas a partir de la notificación del respectivo fallo, dar respuesta de fondo, ya sea en forma positiva o negativa, pero motivada racionalmente, a las peticiones elevadas por Wilson Anderson Herrera Rojas relacionadas a su postulación a la Ley 975 de 2005.
El pasado 24 de noviembre de 2010, la asesora Jurídica del Alto Comisionado para la Paz, Marcelita Molano Urueña, en cumplimiento al fallo de tutela proferido por el Tribunal Superior del Distrito Superior de Barranquilla, informó a Herrera Rojas que su solicitud sería tramitada de conformidad con el procedimiento establecido por el artículo 3 del Decreto 4760 de 2005, ante el Ministerio del Interior y Justicia, y que ese tramite se realizaría en los próximos 10 días hábiles a tal respuesta.
Por lo anterior, además de la queja ante el Procurador General de la Nación, Wilson Anderson Herrera Rojas presentó un incidente de desacato ante la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, debido a que el Alto Comisionado para la Paz le dio una respuesta a medias y dejar y dejó la respuesta de fondo dentro de 10 días cuando le darían trámite ante el Ministerio del Interior, pero han transcurrido más de dos meses y aún no tiene respuesta.
Por otro lado, Irma De la Ossa Salcedo y Alcides Estrada Contreras, apoderados de víctimas indirectas del flagelo de la violencia política, ideológica y militar en el país, y generada por grupos al margen de la ley expresaron su preocupación, mediante oficio enviado a la Fiscalía General de la Nación, Fiscalía Delegada ante la Jurisdicción de Justicia y Paz y el Fiscal Décimo para la Justicia y Paz de Barranquilla, que algunos desmovilizados de las extintas Auc, dentro del proceso de justicia y paz,  que cumplen con los requisitos de ley para ser postulados, no han sido incluidos como tal.
Asimismo, solicitaron la dicha jurisdicción de Justicia y Paz incluir de manera urgente a Wilson Anderson Herrera Rojas conocido como “Gafita”, y solicite al Gobierno Nacional su postulación, teniendo en cuenta que ese es el clamor de la ciudadanía, de los familiares de las víctimas directas, de las comunidades y profesionales del derecho que representan a esas víctimas en Sincelejo, donde actuó y ejecutó sus actos como miembro de las Auc.
Además, porque ya existe un documento donde Herrera Rojas manifiesta su deseo de contar la verdad y esclarecer hechos de violencia dados en la ciudad de Sincelejo y sus alrededores, los cuales aún están impunes y cuyos autores fueron las Auc.


PETICIÓN DE RECONCILIACIÓN
El proceso de reconciliación en el departamento de Bolívar va avanzado por parte de la CNRR-Bolívar, así lo informó Luis Javier Ricardo Álvarez, facilitador del proceso de reconciliación de Cartagena y los Montes de María, quien afirmó que es por eso que desmovilizados que están en la cárcel Modelo de Barranquilla y la de Las Mercedes de Montería han manifestado su voluntad de unirse a ese proceso. “Los desmovilizados me propusieron facilitar su proceso en el departamento de Sucre y continuar uno regional  por los Montes de María, aprovechando la pacificación, que en cierta medida hay en esta región”.
Indicó que es prioritario trabajar de manera regional porque el bloque Héroes de los Montes de María fue un solo bloque de Autodefensa, hay actores que delinquieron en Sucre y Bolívar tales como “Román Zabala” y “Convivir”, y no es conveniente dividirlo para sacar un proceso de reconciliación a medias, especialmente porque la Coordinadora Nacional del área de Reconciliación de la CNRR apoya este proceso de los Montes de María.
En Sucre, el proceso de reconciliación, según las víctimas no ha avanzado nada y por ello intentaron contactar al coordinador regional de la CNRR-Sucre, Eduardo Porras Mendoza, pero no hubo receptividad. “En un documento enviado a Eduardo Porras, los desmovilizados de Sucre cuestionan el porqué no ha habido presencia y acompañamiento en las cárceles del proceso de reconciliación y consideraron que este tema de reconciliación no le interesaba mucho a él. Además propusieron elevar una queja a nivel nacional contra Eduardo Porras, pero les dije que esperáramos para abrir un diálogo con él; sin embargo al tratar de hablarle al Coordinador Regional de la CNRR-Sucre sobre esto, conocimos la información de que él ya no está en ese cargo. Estamos esperando que nombren a la persona que asumirá tales responsabilidades, y queremos que sea una persona que se preocupe por las víctimas de la región y sus derechos”, expresó Ricardo Álvarez.
Aseguró que son muchos los desmovilizados de las AUC que hoy han mostrado una actitud clara de decirle la verdad a las víctimas, una actitud de perdón y reconciliación, al igual que lo expresaron en la Segunda Mesa de Reconciliación. Tales son los casos de Sergio Córdoba, uno de los comandantes conocidos como “120”; Alexis Mancilla, comandante “Zambrano”; Willam Ramírez Castaño, comandante “Román Zabala”; Samuel Dorado Jiménez, Emiro Correa “Convivir”, Wilson Anderson Herrera Rojas, “Gafita”, Marco Tulio Pérez, “El Oso”; Aleider García Soto “El Primo”; Manuel Castellano Morales, “El Chino” y Jairsiño Meza Mercado, “El Gato”; José Heriberto Navarro y Angel Berrocal Doria.
Los postulados para la Ley de Justicia y Paz son cerca de 20 y todos se encuentran en distintas cárceles del país, y entre ellos hay dos comandantes de frente que son Sergio Córdoba y Román Zabala.
El Facilitador de Reconciliación de Cartagena y los Montes de María dijo que ellos tienen toda la actitud para la verdad pero la lentitud del proceso ha hecho que muchos, quienes ya llevan 10 y 12 años presos, consideren la posibilidad de irse por la justicia ordinaria y no acogerse a Justicia y Paz.
Pese a todo eso, los desmovilizados han considerado apostarle al tema de reconciliación, decir toda la verdad  que no se conoce todavía en el departamento de Sucre, y así lo han manifestado a través de comunicaciones enviadas a monseñor Nel Beltrán Santamaría, obispo de Sincelejo; a la CNRR, al Gobernador de Sucre, Alcalde de Sincelejo, Defensoría del Pueblo, Procuraduría Regional, Fiscal de Justicia y Paz, Movimiento de Víctimas de Estado, Inpec, Comité Institucional de Justicia y Paz, Ministro del Interior y Justicia, Procurador General de la Nación y al Alto Comisionado para la Paz.


 

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