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Responsabilizan a autoridades del asesinato de líder

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En la mañana de hoy se realizará un acto en San Onofre como homenaje al líder Rogelio Martínez y posteriormente en la tarde se realizará el sepelio en la capital sucreña.

El presidente del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Iván Cepeda, pidió ayer en el municipio de San Onofre la renuncia o destitución del alcalde de esta localidad, Edgar Benitorrevollo, al igual que insistió en que el gobernador de Sucre, Jorge Barraza Farak debe renunciar.
Según Cepeda, su petición se basa en que las autoridades tienen un alto grado de responsabilidad en el asesinato del líder y miembro del Movimiento de Víctimas en Sucre, Rogelio Martínez, ya sea por negligencia u omisión en prestarle la seguridad que necesitaba el líder campesino.
Además aseguró que las estructuras paramilitares y sus socios políticos siguen actuando a lo largo y ancho de San Onofre y Sucre. “Este es un asesinato que ha sido cometido desde esas estructuras, en el que está comprometida buena parte de las autoridades así sea por la omisión de no haber protegido a la persona que estaba en alto riesgo, en este caso Rogelio Martínez; creemos que hay una responsabilidad del alcalde de San Onofre, Edgar Benitorrevollo, lo hemos dicho en reiteradas oportunidades y creemos que debe renunciar a su cargo o ser destituido, vamos a hacer todo lo necesario para que emprendan acciones disciplinarias y si es el caso penales en esa dirección”, precisó Cepeda.
Consideró que este asesinato tiene repercusiones que van más allá del nivel nacional, toda vez que el asesinato de Martínez ocurre el día en que el presidente Álvaro Uribe se compromete con la comunidad europea a que en Colombia se van a respetar a los defensores de derechos humanos como parte de una de las cláusulas del Tratado de Libre Comercio con Europa, y en ese sentido este hecho no va a pasar desapercibido.
Rogelio Martínez tenía una reunión con los miembros del G24, que es el grupo de naciones que hace seguimiento a la situación en Colombia, “ante el hecho que dos días antes de tener la reunión con el G24 se produce su asesinato, ese es un hecho que no va a pasar desapercibido ante la comunidad internacional y el cuerpo diplomático”, dijo Cepeda.
Precisó que de este asesinato cabe muchas hipótesis y son las autoridades las que tienen que hacer las investigaciones, pero el hecho que momentos antes en que la persona se va a reunir con el cuerpo diplomático se produce su asesinato, le da una dimensión que trasciende el plano local al nivel internacional.
Expresó que el asesinato de un líder como Rogelio Martínez tiene una connotación política y social, porque se está hablando de una finca que ha tenido un proceso de resistencia de familias campesinas, de un líder que había sido amenazado por grupos paramilitares, que había tenido altercados públicos con miembros de la fuerza pública y de Policía, de una persona que las autoridades han descalificado ante los medios de comunicación, en consejos de seguridad y consejos comunitarios anteriormente realizados en Sucre. Descartó que se trate de una rencilla personal, pues según informó fueron siete hombres encapuchados con armas sofisticadas los que lo asesinaron. “Esto no es venganza de un vecino, ni personal, aquí hay un problema de fondo, y ese problema de fondo es que las familias Benitorrevollo y García, así como otras familias, siguen gobernando en Sucre como si esto fuera su colonia o imperio, y eso lo vamos a seguir denunciando y lo vamos a minar como poder. Aquí las víctimas tienen que llegar al poder en Sucre para que se cambien las reglas del juego”, dijo el Presidente del Movimiento Nacional de Víctimas (Movice).
Luego de reunirse con miembros del movimiento en San Onofre, Cepeda se dirigió hasta la casa donde residía Rogelio Martínez con su familia, a la cual dio su respaldo y solidaridad. “Vamos a acompañar a la familia de Rogelio como lo hemos hecho con la población de San Onofre, vamos a intentar garantizar su seguridad y bienestar, es el mínimo compromiso que tenemos con todas las víctimas y en este caso con la familia de una de ellas que se convirtió en un símbolo de la lucha y resistencia de los campesinos en San Onofre”.
Se refirió también al caso de Carmelo Agamez, que según él es otra de las injusticias que hay en San Onofre. “Este es otro caso monstruoso en el que el líder de víctimas es llevado a la cárcel como si fuese parte de la estructura de los criminales. Aquí las víctimas terminan siendo criminalizadas, mientras que gobiernan la población los criminales”.
De otra parte, el sacerdote, Alberto Franco, secretario Ejecutivo de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, dijo que vienen acompañando a la Comisión Ética por la Verdad que ha hecho varias visitas a la finca La Alemania y han acompañado a personas de la comunidad internacional. “Ellas han estado allí y han documentado todo lo que ha pasado con los testimonios de las personas que vivían en la finca, han guardado todos esos testimonios, incluso los de Rogelio Martínez, sobre lo que pasó en ese predio, las historias macabras que ocurrieron y la decisión de los miembros de la empresa comunitaria de retornar a la finca”.
Precisó que saben que en varios momentos Martínez tuvo amenazas, recibió llamadas, hubo seguimiento y que a la finca entraron personas encapuchadas, a quienes Rogelio Martínez descubrió que se trataban de militares porque él los reconoció. Además él había denunciado la inactividad de la justicia local respecto a esas amenazas.
El gobernador de Sucre, Jorge Barraza Farak dijo que al líder campesino se le sugirió un cambio de ubicación y un esquema de seguridad, pero no lo aceptó. “Es un pesar para nosotros el asesinato de Rogelio Martínez. Su tema fue tocado el 23 y 24 de febrero de este año. Se le quiso asignar una protección, pero no lo quiso y lastimosamente el resultado fue su muerte”, precisó el Gobernador.
Respecto a esas declaraciones del Gobernador, el sacerdote dijo que el Ministerio del Interior le ofreció tiquetes para que saliera de la finca, pero lo que él pedía era comunicación constante y una vigilancia perimetral de la finca. “El no quería en ningún caso que la protección significara salir de la finca”.
Franco también dijo que en un consejo de seguridad realizado el año anterior en la Brigada de Infantería de Marina, las autoridades lo que hicieron fue descalificar a Rogelio Martínez y desconocer las amenazas en su contra. “Una delegada de la Fiscalía durante un consejo de seguridad realizado el año pasado en la Primera Brigada de Infantería de Marina dijo que el documento que remitimos sobre las amenazas era anónimo porque marcaban a un teléfono que no contestaban, parece que esa persona no sabe que los teléfonos de otras ciudades se marcan con indicativo”.
Las familias que conforman la empresa La Alemania deberán decir que quieren para ellas en adelante, mientras eso se define, la Comisión Ética de la Verdad ya está solicitando a la comunidad internacional protección para ellas.
Los miembros de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz han sido amenazados en varias ocasiones por el acompañamiento que hacen a las personas que defienden el territorio en el país que han sido desplazadas por el paramilitarismo usando la violencia y que están denunciando lo que viene ocurriendo con sus tierras.
Rogelio Martínez ya había expuesto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre lo que pasó en la finca La Alemania.
Martínez era el líder de un grupo de 52 víctimas del predio “Alemania”, en San Onofre, el cual fue despojado en 1998 por orden de Rodrigo Mercado Peluffo, alias “Cadena”, comandante del Bloque Héroes de los Montes de María de las AUC.
La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación rechazó el asesinato del líder campesino y recordó que Martínez empezó a reportar amenazas desde 2008, lo cual fue puesto en conocimiento ante el Subcomité de Protección a Víctimas y Testigos en las reuniones efectuadas en Sincelejo, el 23 de febrero y 13 de mayo de 2010. Sin embargo las medidas de protección (medida cautelar) se encontraban en proceso de estudio cuando se produjo el asesinato.

COMUNIDAD INTERNACIONAL
La embajadora de Suecia en Colombia, Lena Nordstrom, dijo en el municipio de San Onofre que le preocupaba los retrocesos que en materia de violación de Derechos Humanos ha tenido el departamento de Sucre en los últimos tres años.
La afirmación la hizo la diplomática tras el Consejo de Seguimiento a los Derechos Humanos realizado en este municipio con la participación de las autoridades locales y miembros del grupo de los 24 países (G24) dedicado a la defensa de los Derechos Humanos.
“Me voy más preocupada que cuando vine en el año 2006 a este municipio del norte de Sucre para verificar algunas violaciones” dijo la diplomática quien lamentó el asesinato del líder de los desplazados, Rogelio Martínez, de quien había conocido su caso de amenaza.

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