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Revelan serias irregularidades contra patrimonio de Ocensa

En juego están más de $ 675 millones que, en su mayoría, son recursos público, y la operación del oleoducto que mueve 450 mil barriles diarios.

Serias irregularidades de la Alcaldía de Coveñas afectarían el patrimonio del Estado a través del cobro de un impuesto indebido a la petrolera estatal Oleoducto Central S.A. (Ocensa).
Así lo denunció el director del Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción, Óscar Ortiz González, quien reveló que la Alcaldía de Coveñas pretende cobrar a la Petrolera más de $675 millones.
Ortiz González dijo que la administración de Arnaldo Julio Ramos pone en riesgo esta suma, que hace parte del erario pues el 60 por ciento de la empresa es del Estado colombiano y amenaza la operación del oleoducto ya que esa medida compromete recursos de funcionamiento de Ocensa.
El caso se origina en un requerimiento que realizó en marzo de 2009 la Secretaría de Hacienda de Coveñas para corregir declaraciones del impuesto de Industria y Comercio de Ocensa del año gravable 2007.
En el análisis realizado por el Programa Presidencial se evidenciaron varias irregularidades por parte de la administración municipal, las cuales se pueden constituir en prevaricato por acción.
Sobre las actuaciones de la Alcaldía, Ortiz González precisa que “el respeto por el debido proceso y el imperio de la ley deben reflejarse en las actuaciones de quienes ostentan la calidad de servidores públicos, y el juicio de valor sobre sus actos se hace más estricto cuando con sus decisiones se afectan recursos públicos”.
Las anomalías denunciadas no se refieren a la pertinencia ni a la improcedencia del cobro, sino a algunos procedimientos realizados durante el proceso coactivo.
En tal sentido, el Programa Presidencial advierte que la Alcaldía violó el debido proceso y el derecho a la defensa de Ocensa, pues la Administración, ante la respuesta que dio la empresa al requerimiento especial, profirió una resolución de liquidación oficial pero declaró agotada la vía gubernativa, con la cual se puso fin al procedimiento de discusión ante la administración, se cerraron las puertas a la defensa de la empresa ante la entidad y se denegó el recurso de re consideración que establece el Estatuto Tributario.
También, la Alcaldía, sin contar con título ejecutivo, embargó las cuentas bancarias de Ocensa, por una cuantía de $675.789.000. Esto va en contra del Estatuto Tributario pues allí se determina que estos actos solamente quedarán en firme y prestarán mérito ejecutivo cuando las acciones contenciosas hayan sido resueltas, situación que no ocurrió en este caso pues ante el Tribunal de Sucre cursaba una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, debidamente admitida.
La liquidación oficial está viciada de nulidad por extemporaneidad teniendo en cuenta que la administración la notificó 43 días después de la fecha límite que indica la normatividad tributaria. El plazo vencía el 4 de enero de 2010 y la notificación se realizó el 17 de febrero de este año.
Pese a que la Alcaldía ya había perdido competencia para fiscalizar el impuesto de Industria y Comercio de 2007, por haber declarado agotada la vía gubernativa, esa administración expidió otra liquidación de revisión por medio de la cual nuevamente cobró a Ocensa el mismo impuesto por el mismo periodo gravable.
Por su parte, con el fin de desembargar las cuentas bancarias, Ocensa constituyó una caución con una compañía de seguros por el 100 por ciento de la suma comprometida. No obstante, la administración no ha realizado el levantamiento de las medidas cautelares, actuación que contradice el Estatuto Tributario. Además, la misma normatividad dispone que el desembargo debe realizarse cuando el deudor, Ocensa para este caso, demuestra que su demanda fue admitida y que se encuentra pendiente de fallo en la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

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