El Juzgado expidió condenas por nuevos fraudes de energía

Una vez más la justicia condena a los responsables del delito de defraudación de energía en el departamento de Sucre. La sentencia condenatoria más reciente la expidió el Juzgado Primero Penal de Sincelejo condenando a Cristo Rafael Montaño García a pagar 12 meses de prisión como pena principal y la interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo período de tiempo. El caso se remite al 13 de enero de 2006 cuando se produjo la aprehensión en flagrancia de Cristo Montaño en momentos en que se conectaba de manera directa a las redes de distribución de energía, propiedad de Electricaribe para suministrarle servicio de forma ilegal a un taller de ebanistería ubicado en la carrera 13B número 24-16 del Barrio Las Américas, en Sincelejo. El aprendido fue dejado a disposición de la Fiscalía 9 Local de Sincelejo, entidad que formuló resolución de acusación por el delito de defraudación de fluidos. Esta es la tercera sentencia condenatoria que profieren los jueces penales de la capital sucreña a quienes toman la energía de manera ilegal. La defraudación de energía se encuentra consagrada en el artículo 256 del Código Penal, el cual señala que: “El que mediante cualquier mecanismo clandestino o alterando los sistemas de control o aparatos contadores, se apropie de energía eléctrica, agua, gas natural o señal de telecomunicaciones en prejuicio ajeno, incurrirá en prisión de 1 a 4 años y en multa de 1 a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes”. Conforme a lo señalado por la Ley 890 de 2005, la pena mínima se incrementó a 1 año y 4 meses y la máxima a 6 años, razón por la cual el que comenta este delito estará expuesto a una pena máxima de 6 años, una multa máxima de 49 millones 690 mil pesos, es decir, 100 salarios mínimos y al pago de los perjuicios económicos sufridos por la empresa. Electricaribe hace un llamado a sus clientes para que se abstengan de manipular las redes y equipos de medida porque, además, de las responsabilidades penales que se pueden derivar se pone en riesgo la vida de las personas y se desmejora la calidad del servicio.