Contundentes. Así consideró un juez de Garantías los videos tomados por un agente encubierto y las interceptaciones telefónicas hechas a siete personas señaladas de integrar una red de corrupción en la Fiscalía en Cartagena.
Estas personas fueron capturadas el 28 de julio y tras varios días de audiencias, anoche hubo decisión. A las fiscales Silvia Esmeralda Angulo Ortiz y María Bernarda Puentes López, el togado las aseguró con detención carcelaria, igual que a la exjudicante de la Fiscalía Yacira María Obregón Taján y a su prima Mauren Isabel Castro Taján.
Mientras tanto, con detención domiciliaria fueron asegurados José Antonio Zurique Noel (quien hacía las veces de notificador del Juzgado Primero Penal del Circuito), Jorge Enrique Aguaslimpias Zabaleta (dragoniante del Inpec), y Juana María Villalba María Villalba García. Esta última es compañera sentimental de Benjamín Herrera, un hombre que es procesado por narcotráfico y quien habría sido financiador de la red de corrupción para, presuntamente, obtener beneficios jurídicos.
La decisión se tomó ayer en una diligencia que empezó cerca de las 4 de la tarde y terminó a las 9 de la noche.
Al principio de la audiencia de imposición de medida, el abogado de María Bernarda Puentes alegó que al trabajo de un agente encubierto de la Fiscalía, quien hizo grabaciones en donde se ve entregando dinero a algunos de los presuntos miembros de la red, no se le realizó un control anterior ni posterior y que por tanto todas las acciones y elementos materiales que recogió este eran ilegales. Sin embargo, el juez explicó que la labor del agente, quien se hizo pasar como abogado, era legal y que su trabajo había sido valorado por el Juez Primero Bacrim. Además, el togado indicó que ese debate sobre la tarea del agente debía hacerse ante un juez de Conocimiento.
El togado también recordó que María Bernarda había solicitado un preacuerdo que beneficiaría a Benjamín Herrera, procesado por narcotráfico tras ser capturado con 20 kilos de coca en la Vía del Mar. Se buscaba que este recibiera domiciliaria por un tiempo no mayor de 4 años. El juez indicó que aunque este estuviera un manto de legalidad, los fines habrían sido ilícitos: beneficiar jurídicamente a Benjamín Herrera, presuntamente, a cambio de dinero. “María Bernarda permitía a Yacira el manejo de expedientes, quien -presuntamente- era intermediaria”, dijo el juez, quien además acotó que esta habría favorecido a Benjamín, a alias ‘el Boyaco’ y a miembros del Eln que son procesados.
Respecto a Silvia, el juez expresó que siendo esta una fiscal seccional (la 46), asumió el proceso de Benjamín Herrera, que por tratarse de un hecho de narcotráfico debía llevar un fiscal especializado. Y ello lo habría hecho con el fin de obtener dinero. “El quedarse con ese proceso era motivado por un fin ilícito. En una interceptación, Mauren dijo que había dado una cuota a Silvia y a María Bernarda y que estas habrían recibido 26 millones”, indicó el juez. Según las estimaciones que hizo este, tras escuchar las interceptaciones telefónicas y los videos realizados por el agente encubierto, los presuntos miembros de la red habrían recibido unos $100 millones por distintas acciones ilícitas.
Primas, a la cárcel
Respecto a Yacira Obregón y su prima Mauren Castro, el togado dijo que los elementos aportados por la Fiscalía dan cuenta que serían el puente entre las fiscales y personas procesadas, para que estas últimas obtuvieran beneficios jurídicos si entregaban sumas millonarias. Mauren, además de ser señalada de hacer parte de la red, es procesada por concierto para delinquir con fines de narcotráfico.
El juez recordó que en una llamada interceptada, esta se refería a una verdura y a una harina pan y que, presuntamente, con ello se refería a la venta de marihuana y coca. Además, dijo que cuando a esta la fueron a capturar, en su apartamento hallaron 280 gramos de droga, aunque su defensa alegó que esta había sido implantada. “La señora no tiene una empresa de verduras, de lo que se hablaba -presuntamente- era de comprar y vender drogas”, indicó el juez, quien añadió que Mauren tendría contacto con organizaciones al margen de la ley y que sería la primera en hacer contacto de estos con la red. Su prima Yacira sería la encargada de hacer repartos de dinero.
Respecto a Juana Villalba, el juez concluyó que no había sido constreñida para dar dinero a cambio de que beneficiaran a su marido Benjamín en el proceso penal, como indicó su abogado, quien también insistió en que el agente encubierto habría provocado que esta entregara dinero. Por esta situación, el togado señaló que los elementos materiales dejaban ver que sí se conocía con otros miembros de la red y que no habría sido provocada por el agente.
En el caso del agente del Inpec, el togado avaló los argumento de la Fiscalía e expresó que los elementos materiales dejaban ver que este se habría reunido con miembros de la red y que habría recibido un millón por trasladar a Benjamín Herrera a una audiencia.
Respecto a José Zurique, también se consideró que este habría participado en la organización acelerando citas para audiencias y procesos en el Juzgado Primero Penal del Circuito, en el que hacía las veces de notificador. Y, precisamente, ayer fue capturado el secretario de ese despacho en el edificio Almirante, en el Centro. También integraría la red de corrupción.
Trabajaría en concertación con Zurique para, presuntamente, agilizar procesos en el despacho mencionado. Incluso, en la audiencia de ayer el juez puntualizó que en una grabación hecha por el agente encubierto se escucha cuando Zurique dice que debe llevarle al secretario dos millones que habría recibido por un proceso.
Tras la resolución del juez de Garantías, los abogados interpusieron recursos de reposición que ayer en la noche se debatían.
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