Fueron trece días de argumentaciones y debates. Trece días que decidieron la suerte que hoy viven varios funcionarios señalados de integrar una red dedicada a la manipulación de audiencias en el Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla, en busca de favorecimientos en procesos.
Estas personas, entre las que están varios jueces y un fiscal, fueron capturadas en la Arenosa, pero las trajeron a Cartagena el 14 de agosto, para la audiencia de Garantías. Solo hasta el martes en la noche, la jueza Novena Penal Municipal, Elizabeth Araújo Arnedo, decidió imponerles medida de prisión domiciliaria a todos los procesados. La Fiscalía apelará la decisión, pues para cuatro de los procesados pidió cárcel. La apelación será resuelta por un juez de segunda instancia.
Cabe recordar que en una de las audiencias preliminares, la togada avaló la petición del fiscal sexto delegado del Eje Temático de Corrupción en Administración de Justicia, Germán Arias Cortés, de imputarle cargos a los procesados por delitos como constreñimiento para delinquir, prevaricato por acción agravado y falsedad ideológica en documento público.
Entre los procesados, todos trasladados a sus lugares de residencia en Barranquilla, donde estarán bajo la vigilancia del Inpec, están varios jueces, un fiscal, una líder comunal, un inspector de policía, tres funcionarios del Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla y dos abogados.
Uno de los asegurados es el juez Edwin Volpe Iglesias, quien en diciembre pasado otorgó la libertad al empresario bolivarense Alfonso ‘el Turco’ Hilsaca, quien enfrenta un proceso por supuestos nexos con grupos al margen de la ley y homicidio. A Volpe le imputaron el delito de prevaricato por acción con circunstancias de agravación.
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