La puerta de la corrupción en la administración de justicia parece no cerrarse. Tras un trabajo de investigación que inició el mismo fiscal general Néstor Humberto Martínez, para depurar las entrañas de la institución que dirige y estamentos gubernamentales, se desató un vendaval que tiene en jaque a funcionarios de distintas índoles.
Una de las acciones, denominada “Heroica”, trajo consigo la captura del propio alcalde de la ciudad Manuel Vicente Duque, de su primo José Julián Vásquez (señalado de ser el alcalde de hecho), el concejal Jorge Useche Correa y la contralora local Nubia Fontalvo.
La Fiscalía tiene en su poder más de 400 horas de interceptaciones telefónicas y por ello pidió a un juez de Garantías que les impusiera medida de detención intramuros. Es decir, que los enviara a la cárcel, tras señalarlos de distintos actos de corrupción, que poco a poco han tocado a otras entidades y funcionarios, como el Tribunal Administrativo, más concejales, ediles y hasta a alcaldes locales.
La audiencia de imposición de medida contra el Alcalde y las tres personas capturadas junto a este continuará el 26 de agosto y los abogados defensores de los imputados tendrán la oportunidad de controvertir los argumentos esbozados por la Fiscalía, pues no aceptaron los cargos que les imputaron.
Pero otra situación, no menos grave y que ha causado conmoción en la ciudad y entre los mismos funcionarios de la Fiscalía, es la captura de las fiscales María Bernarda Puentes y Silvia Esmeralda Angulo. Una investigación de la Fiscalía y la Sijín, apoyada por efectivos de inteligencia de Estados Unidos, debido a la relación con temas de narcotráfico, permitió la captura de estas el 28 de julio pasado. Son señaladas de integrar una red de corrupción que entregaría beneficios jurídicos a procesados por narcotráfico y miembros de bandas criminales y hasta del Eln.
Así empezó investigación
La investigación contra la fiscales empezó en diciembre del año pasado, tras los rumores que indicaban que dentro de la institución funcionaba una red dedicada a dar beneficios a procesados a cambio de dinero.
Y el proceso quedó en manos de una fiscal delegada, que dio paso a su investigación con el análisis del proceso de Benjamín Herrera, quien en noviembre de 2016 fue capturado en la Vía del Mar porque en el carro en el que iba hallaron 20 kilos de clorhidrato de cocaína.
Herrera fue llevado ante un juez y enviado a la Cárcel de Ternera, pero el hombre buscaba beneficios. La Fiscalía realizó interceptaciones avaladas por un juez y posteriormente analizadas por un grupo especial de la Sijín de la Policía Metropolitana. Estas dan cuenta que la esposa de Benjamín, Juana Villalba, se habría contactado con Yacira Obregón Taján, quien fue judicante en la Fiscalía Tercera Especializada cuando María Bernarda Puentes estuvo encargada de este despacho. También se habría contactado con Mauren Castro Taján, prima de Yacira, quien igualmente habría servido de contacto.
Según la Fiscalía, el objetivo era lograr que Benjamín obtuviera prisión domiciliaria tras un preacuerdo y que pagara menos de 4 años. La institución indicó que Silvia Angulo también habría recibido dineros por hacer que el proceso de Benjamín quedara en su despacho (seccional 46), y no en uno especializado.
En una llamada interceptada quedó registrado cuando Juana le reclama a Yacira que, supuestamente, le entregó $48 millones, que se habrían repartido los presuntos miembros de la red, y que no veía resultados ya que su marido seguía preso. Y todo porque el acuerdo suscrito entre María Bernarda y la defensa de Herrera ante un juez, no fue admitido por el togado.
En la audiencia que se hizo para presentar ese preacuerdo, también habría interferido José Zurique, quien hacía las veces, sin serlo, de notificador del Juzgado Primero Penal del Circuito. Aprovechando su confianza con trabajadores de ese despacho, habría agilizado los trámites para esa audiencia y en un video se ve cuando un agente encubierto de la Fiscalía le entrega dinero, presuntamente, para tal fin. Para la misma audiencia, el dragoneante del Inpec Jorge Enrique Aguaslimpias habría recibido un millón de pesos para lograr que se hiciera el traslado de Benjamín a la audiencia, pues se hizo el 23 de diciembre de 2016, fecha en la que generalmente no se hacen traslados en ese instituto.
Un nuevo capturado y otros hechos de corrupción
Para acelerar la realización de la diligencia también habría colaborado Erick Rivera Martínez, secretario del Juzgado Primero Penal del Circuito. La Fiscalía señaló que, presuntamente, habría recibido dinero por esa situación y sería Zurique quien habría hecho el puente para ello. Por eso, el lunes a mediodía Rivera fue capturado en pleno horario laboral en el edificio Almirante, en el Centro. Ayer, a las 3 de la tarde, fue presentado ante un juez de Garantías, quien legalizó su captura.
Pero a los presuntos miembros de la red los investigan por otro hecho, que se desprende de las capturas de Jonathan Sarmiento Del Río y Pomponio Saladén Hernández, hechas el 22 de febrero de 2016, en una finca en Arjona. En el predio, hallaron 60 kilos de cocaína e insumos para el procesamiento de droga. Por ello, estos dos hombres fueron capturados y señalados de integrar una banda denominada ‘Ragivert’.
Pero ¿qué relación tienen estas dos personas con el tema que nos concierne? La Fiscalía cree que mucha, pues luego que empezaron las indagaciones contra la red, llegó hasta el propietario de la finca, a quien se le advirtió que se le haría extinción de dominio al predio por ser utilizado para acciones ilícitas. Este señaló que no tenía nada que ver con la droga hallada allí y aseguró que la finca se la había alquilado nada más y nada menos que a Benjamín Herrera.
La Fiscalía cree que los dos hombres capturados en el lugar serían trabajadores de Benjamín y que luego este los habría conminado a hacer un preacuerdo con la fiscal María Bernarda Puentes en busca de beneficios, y que por este, supuestamente, la funcionaria habría recibido $26 millones.
Otro de los casos por los que investigan a la fiscal Puentes ocurrió en mayo de 2017. “Capturaron a un narcotraficante de una estructura delictiva a nivel mundial, al que le imputaron concierto para delinquir agravado por cuatro hechos de narcotráfico. Tras un preacuerdo, a este se le dio una pena de 4 años y 6 meses de cárcel a cambio de dádivas”, indicó la fiscal delegada que lleva el caso. Por el mismo, Yacira Obregón habría recibido de 40 a 50 millones de pesos que posteriormente habría sido repartidos, según la Fiscalía.
Otros de los preacuerdos investigados se dieron en julio y fueron suscritos con miembros de ‘los Paisas’. En estos, los procesados recibieron rebajas de pena considerables.
Los procesos contra las dos fiscales capturadas y demás presuntos miembros de la red de corrupción, que afecta a la Fiscalía y la Rama Judicial, apenas comienzan. A esto aún le queda mucha tela por cortar y se espera que por el caso vengan más capturas de funcionarios.
Pero la puerta no se cierra y todo indica que las capturas por corrupción en la ciudad no van a parar, pues se esperan más aprehensiones por los supuestos hechos ilícitos con los que relacionan al alcalde Manolo, a su primo José Julián, al concejal Jorge Useche y a la contralora Nubia Fontalvo.
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