Las indagaciones realizadas por miembros de la Fiscalía Seccional Bolívar dejaron al descubierto una posible telaraña de corrupción, que habría sido alimentada por miembros del llamado ‘clan Quiroz’.
Así lo revelaron las fiscales que ayer representaron al ente acusador en la audiencia de Garantías que se llevó a cabo contra tres funcionarios señalados de estar relacionados con esas construcciones.
Se trata del concejal y exalcalde de la Localidad 2, Rodrigo Reyes; del exalcalde de la Localidad 3, Pedro Buendía; y del funcionario Jorge Luis Cudris. Ayer, la Fiscalía les imputó dos delitos a cada una de estas tres personas, pero estas no aceptaron cargos. Porque, presuntamente, habrían omitido sus funciones de vigilancia en las construcciones de los edificios Shalom y Brisas de Blas de Lezo, a Pedro Buendía y Rodrigo Reyes les imputaron los delitos de urbanización ilegal y prevaricato por omisión.
Mientras tanto, a Jorge Cudris la Fiscalía le imputó los delitos de urbanización ilegal, porque habría omitido sus funciones de vigilancia; y cohecho propio, porque habría recibido dinero para otra utilidad distinta a la de sus labores como funcionario. Presuntamente, recibió sobornos para permitir que se levantaran construcciones ilegales, señaló la Fiscalía. Los procesados no aceptaron cargos.
Luego, la Fiscalía pidió a la jueza Tercera Penal Municipal que cobijara a los procesados con medida de detención carcelaria. “Hay un daño real que se les hizo a estas personas que compraban apartamentos en estos edificios ilegales. Estas tres personas -los tres procesados- debían proteger a la comunidad de los urbanizadores piratas por las mismas funciones de sus cargos. Tenían las herramientas para evitar que se hicieran esas construcciones”, indicó una de las fiscales que lleva el caso.
Testimonios reveladores
Durante la audiencia de imputación, la Fiscalía presentó un reporte del noticiario Noticias Uno, del Canal Uno. En este, periodistas entrevistaron a testigos no identificados. Estos señalaron que Jorge Cudris, Gilberto Marrugo Maldonado y Ricardo Castellar Pérez, llegaban regularmente al edificio Portales de Blas de Lezo II, que se desplomó el 27 de abril del año pasado, en Blas de Lezo. Presuntamente, a estos les entregaban dinero por permitir que se siguiera haciendo esta y otras construcciones sin los permisos requeridos. Además, la Fiscalía develó que Cudris llegaba al Portales de Blas de Lezo conduciendo un carro de color rojo.
Esos dos supuestos fueron apoyados por las versiones de tres testigos de la Fiscalía, que trabajaban para Wilfran: dos obreros y el mismo maestro de obras, Luis Agresor. Además, la Fiscalía demostró que para la fecha del hecho, Cudris poseía un carro con las características similares a las dadas por los testigos.
Así mismo, Agresor indicó que Wilfran también se reunía con miembros de la JAC y que además entregaba dineros a supuestos contratistas de Aguas de Cartagena y Electricaribe para que no le suspendieran los servicios públicos.
Uno de los obreros también relató a la Fiscalía que Ricardo Castellar, Gilberto Marrugo y Jorge Cudris, supuestamente, llegaban a las construcciones y que Wilfran les daba dinero. “Una vez Wilfran me dejó un millón y medio de pesos y se los entregué al señor Marrugo”, aseveró el obrero a la Fiscalía.
Incluso, este dijo que cuando llegaban las quincenas y Wilfran aún no tenía dinero, Marrrugo, presuntamente, lo llamaba a él para preguntarle si ya le habían dejado el dinero. El testigo dijo que sería Marrugo quien habría llevado las vallas con los permisos falsos de la curaduría, para que Wilfran las colgara en el exterior de la construcción y así darle una apariencia de legalidad a la obra.
Contra los funcionarios también habló María Quiroz, quien está internada en la cárcel de San Diego. Aseveró que a la construcción del edificio Shalom, en una oportunidad, llegaron Marrugo, Cudris y Castellar. Llevaron documentos y se hizo el cierre de la obra y luego le habrían indicado que el proceso para levantar la suspensión estaba detenido por una tutela interpuesta por una abogada de una alcaldía menor y que debía dar dinero para archivarla. Indicó que entregó $2 millones.
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