Más de 15 audiencias preparatorias de juicio oral han sido aplazadas en estos cuatro años que se cumplen de la desaparición forzada y crimen del director de regalías de Córdoba, Jairo Zapa Pérez.
De acuerdo con lo señalado por el padre de la víctima, docente Fausto Zapa, el proceso penal para establecer los verdaderos autores del crimen no ha avanzado y después de 48 meses no se ha logrado definir con exactitud quiénes fueron los determinadores del hecho.
"La mayoría se han aplazado por una u otras razones de origen tendencioso. Pareciera que fuerzas poderosas, oscuras y malévolas buscaran desangrar económicamente aún más a familiares víctimas de esta tragedia; pero, también que junto con la comunidad local, regional y nacional olvidemos este brutal hecho con el pasar de los días, semanas, meses y años", dijo el padre del ingeniero civil que desapareció de una casa en el barrio La Castellana, al norte de Montería, y después ubicaron enterrado en una finca cercana a una propiedad del padre del entonces gobernador Alejandro Lyons.
El docente jubilado reiteró que posiblemente hay manos metidas, órdenes, instrucciones o al menos influencias de personas muy poderosas de la región que están manipulando para que el proceso penal no avance y para que se distorsione y esconda la verdad de ese delito que fue calificado por él como de Lesa Humanidad.
"Hoy sentimos tristeza e impotencia ante la aceptación de la manera de administrar justicia en este país; cuanta gravedad de que integrantes de la clase dirigente hayan participado y permitido la contaminación de la justicia de intereses económicos y politiqueros que la amordaza e impide que cumpla con su verdadero rol en un país que reclama paz, equidad y justicia social", dijo el padre de la víctima justo en este aniversario número cuatro de su muerte.
Siguen detenidos
Como se recordará, el entonces director de regalías de Córdoba fue convocado a una reunión en el norte de la ciudad y desde allí desapareció misteriosamente. Varios meses después fue ubicado su cadáver en una finca en zona rural de Pueblo Nuevo y fueron capturadas seis personas, entre ellas el desmovilizado de las autodefensas, Joycer Hernández, quien aceptó que lo había estrangulado.
La versión inicial que dio su determinador es que el crimen había tenido móviles pasionales, pero con el paso de los años se logró establecer que el hecho había tenido relación con el manejo de los contratos de regalías para el área de ciencia y tecnología.
Por ese caso aún están en la cárcel el contratista de la Gobernación de Córdoba, Jesús Henao, quien está sindicado de ser uno de los autores intelectuales del hecho; Joicer Hernández, autor material; Carlos Pérez, abogado y primo de Jairo Zapa; Jesús Albeiro Torres, quien habría contratado a Joicer y a Zuath Naidú, compañera sentimental de este, quienes llegaron de Santa Marta a perpetrar el crimen, y Maximiliano García Bazanta, quien era el segundo al mando en la Oficina de Regalías.
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