En un hecho de alta relevancia para la reparación de las víctimas de la violencia paramilitar, la Fiscalía General de la Nación obtuvo una sentencia que permite conocer la verdad y los responsables de graves crímenes cometidos por el Bloque Central Bolívar.
Los crímenes fueron cometidos por las desaparecidas autodefensas en 10 departamentos colombianos: Santander, Norte de Santander, Nariño, Putumayo, Caquetá, Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caldas y Risaralda.
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá aceptó el proceso de macroimputación que hizo la Fiscalía y condenó a 32 exparamilitares, entre ellos a los entonces cabecillas “Ernesto Báez”, “Pablo Sevillano” y “Julián Bolívar”; por 966 hechos de criminales presentados entre los años 1999 y 2006.
El fallo esclareció algo más de 250 homicidios, 324 casos de desaparición forzada, 213 desplazamientos, 173 reportes de reclutamiento ilícito y 14 situaciones de violencia basada en género, en las que las mujeres fueron afectadas con tratos crueles e inhumanos.
La sentencia reconoció a 4.260 víctimas directas e indirectas del actuar del denominado Bloque Central Bolívar y, para respaldar la reparación material, ordenó iniciar procesos de medidas cautelares de extinción de dominio contra varios bienes de los condenados.
Preliminarmente, han sido identificadas haciendas ganaderas, extensiones de tierra en el sur del país y otras propiedades.
Dentro de los crímenes atribuidos a la extinta estructura paramilitar y que incluyó el Tri bunal Superior de Bogotá en la providencia, están:
• La masacre de Guadualito, en Puerto Asís (Putumayo), ocurrida entre el 17 y 19 de agosto de 2004. 8 personas fueron asesinadas, seis secuestradas y 21 familias desplazadas.
• El desplazamiento masivo y quema del corregimiento Vallecito, en San Pablo (Bolívar). 63 familias abandonaron la población porque fue incinerada el 22 de junio del año 2000.
• La masacre y desplazamiento masivo de la vereda el Piñal, en Simití (Bolívar). El 7 de agosto de 1999, el BCB de las AUC asesinó a 6 personas y provocó la huida de 33 habitantes.
• El desplazamiento masivo los Mandarinos, Simití (Bolívar). El 17 de octubre de 1999, fueron asesinadas 7 personas y 12 desplazadas.
• El homicidio del sindicalista y líder social Livio Tito Hernández, ocurrido el 16 de abril de 2002 en Nariño.
• La desaparición forzada y homicidio de la menor Nohelis Capacho, en Barrancabermeja (Santander). Crimen ocurrido 6 de abril de 2001.
• Homicidio del periodista Flavio Iván Bedoya Sarria, ocurrido el 27 de abril de 2001, en Tumaco (Nariño).
La condena impuesta a los señalados responsables del entonces Bloque Central Bolívar, es la máxima que permite la ley 975 de 2005, de 8 años de cárcel.
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