Jueces de Cartagena, entre la ley y la polémica

10 de abril de 2017 12:00 AM

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Fue a principios de este año cuando un extranjero, residenciado en Cartagena, fue sacado de su vivienda por policías. Los uniformados lo hacían porque había elementos materiales probatorios que indicaban que el día anterior, el extranjero había golpeado a su compañera sentimental. La víctima estaba hospitalizada.

Los uniformados condujeron al hombre a una estación, donde obtuvieron sus datos personales. Le hicieron ver que no estaba capturado, sino que debía afrontar una situación administrativa porque estaba de manera irregular en el país. Durante ese tiempo en que era entrevistado, no pudo salir de la estación y luego fue llevado ante Migración Colombia.

El fiscal que llevaba la denuncia de la agresión contra la mujer aprovechó ese lapso y fue ante un juez, y pidió una orden de captura contra el extranjero, por violencia intrafamiliar.

Luego, el hombre fue llevado a audiencia ante un juez de Garantías, donde el fiscal del caso explicó que al procesado lo capturaron mediante la orden judicial.

Sin embargo, el foráneo renunció a su derecho a guardar silencio y en un interrogatorio indicó las condiciones en las que lo sacaron de su casa. Tras analizar todos los elementos, el juez de Garantías que presidió la diligencia determinó que al extranjero lo sacaron de su casa sin una orden de captura, restringiendo así su libertad, y que la captura no había sido en flagrancia.

Por ello, se decretó la captura ilegal y el procesado quedó libre, pese a que todo indicaba que agredió a su compañera. Se vulneraron derechos porque el hombre fue capturado sin autorización legal, argumentó el juez, apegándose a la ley.

En muchas ocasiones, casos como el anterior causan polémica en la ciudad. Y no propiamente porque se trata de un caso protagonizado por un extranjero, sino porque al señalado de cometer un delito terminan dejándolo en libertad. O cuando a una persona le imputan cargos en una audiencia de Garantías y luego el juez la cobija con una medida no restrictiva de la libertad. Entonces vemos cómo las redes sociales se ven inundadas de comentarios que rechazan la decisión del juez.

Pero, cómo entender las decisiones de los jueces y sus argumentos. Precisamente la coordinadora del Centro de Servicios Judiciales de Cartagena, Magdalena Otero Dávila, quien además funge como jueza 11 Penal Municipal de Garantías, indica que nuestro sistema procesal penal está diseñado para que las personas sean restringidas de la libertad en la menor medida posible.

Entonces, explica, deben conjugarse muchos factores para limitarle la libertad a una persona, para llegar a limitar ese derecho fundamental, que después de la vida es uno de los más importantes.

“Este es un fundamento del sistema procesal, lo que pasa es que todo el mundo desea la cárcel para quien infringe la ley penal. Con la Ley 1786 de 2016 y 1760 de 2015, se ha buscado evitar hacinamiento en las cárceles. Se han dispuesto causales de libertad para que salgan personas de la cárcel en algunos momentos. Ahora al juez le exigen más para imponer medidas de aseguramiento restrictivas de la libertad. Debe decir por qué no impone una no privativa para llegar a la restrictiva. Si es necesario que una persona esté en la cárcel para asegurar su comparecencia en el proceso”, explicó la jueza Otero.

El director seccional de la Administración Judicial (Rama Judicial), Hernando Sierra Porto, también habló al respecto.

“Si tuviéramos un sistema carcelario que no vulnerara tanto a las personas en sus derechos, a la dignidad dentro del establecimiento, los jueces tomarían más decisiones restrictivas de la libertad, pero no podemos desconocer que el sistema carcelario colombiano es un sistema colapsado y sobrepoblado, y que con las condiciones físicas de nuestras cárceles lo que se puede estar generando es la revictimización de esas personas que potencialmente han cometido un delito, a las que aún no se les ha declarado culpables. Eso es algo que se debe tener en cuenta”, explicó Sierra Porto, quien recordó además que, por ejemplo, la Cárcel de Ternera tiene una capacidad para albergar 500 reos y hay unos 1.500.

La ilegalidad de la captura

Aunque haya elementos que prueben que el procesado cometió tal o cual delito, hay varios elementos por los que la captura se puede declarar ilegal. Uno de ellos es el tiempo, pues desde el momento en que una persona es capturada hasta que es presentada ante un juez de Garantías, no deben pasar más de 36 horas. Si se excede ese término, la captura se considera ilegal.

Los jueces también tienen en cuenta los derechos de los procesados, entre ellos que al ser capturados les hayan dejado claro si se trató de una captura en flagrancia o por una orden judicial.

“Se tiene en cuenta que hayan tenido un trato digno, como se merece toda persona. Que hayan podido comunicarse con sus familiares para avisar que lo capturaron. Que busque un abogado y si no tiene los medios económicos para contratarlo, que se le otorgue un defensor público. La persona no puede ser maltratada ni física ni atemorizársele con violencia psicológica. Si hay irrespeto a las garantías, debemos otorgar libertad”, puntualizó Otero.

“Los procedimientos de ley los tiene que respetar el funcionario que captura. Debe respetar estos derechos y el no hacerlo obliga al juez de Garantías a tomar las decisiones que le establece el Código Penal. Hay veces que el victimario y la víctima están de acuerdo con la decisión del juez, y la comunidad no. Pese a todo, la misión del juez es actuar de acuerdo a la ley”, concluyó por su parte Hernando Sierra Porto.

Las medidas

Entre las medidas restrictivas de la libertad están la reclusión en un centro carcelario o la detención domiciliaria.

Se imponen cuando hay la posibilidad de que el procesado constituya un riesgo para la sociedad o para la víctima. Cuando se sabe que el procesado puede seguir delinquiendo o pertenece a bandas criminales. Cuando se utilizan armas de fuego o blancas en la conducta punible, o cuando se atenta contra un menor sexualmente.

“Se imponen para proteger fines constitucionales. Para que no exista posibilidad de que una persona obstruya la acción, forzando a testigos a que digan cosas, que dañen material probatorio, evidencia. Se imponen para que se asegure la comparecencia del procesado, cuando la persona no tiene un vínculo con la sociedad y que le sea fácil huir del país. También cuando hay amenazas anteriores o posteriores a la captura, contra la víctima, familia o bienes”, señaló la coordinadora del Centro de Servicios Judiciales.

Pero, en muchos casos, las medidas restrictivas no son necesarias.

“Estas medidas no restrictivas, aunque no son cárcel, sí funcionan y afectan al procesado, son otra forma de limitar. Por ejemplo que la persona esté en libertad, pero con un brazalete del Inpec y sin permiso para salir del país. No estar en lugares o en horas determinadas, o no acercarse a las víctimas. Presentarse periódicamente ante una autoridad o cuando sea requerido. El procesado tiene que estar dispuesto a cumplir, y si cumple con todas las condiciones no necesita estar recluido en una cárcel para garantizar que va a asistir al proceso. El solo hecho de que la conducta sea grave, no amerita que una medida sea de aseguramiento intramural, tienen que conjugarse diferentes factores. Según cada caso, el juez debe verificar qué es necesario y qué no es. Lo ideal es que una persona no siga delinquiendo y que se tomen medidas”, dejó ver la coordinadora del Centro de Servicios Judiciales de Cartagena.

“Aquí hay jueces comprometidos con el cumplimiento de la ley, jueces garantistas de los derechos constituciones del ciudadano, independiente de cuáles sean las condiciones de capturas o el delito a imputar. Los jueces son autónomos y actúan respecto a los establecido en la ley”, dijo el director seccional de la Administración Judicial en Cartagena.

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