En el ojo del huracán siguen los funcionarios capturados en Barranquilla y traídos a Cartagena, tras ser señalados por la Fiscalía General de integrar una red de corrupción dedicada a manipular audiencias judiciales en el Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla, en busca de favorecimientos en procesos.
Son 12 los indiciados, entre los que están varios jueces, un fiscal, dos abogados litigantes, una líder comunal, un inspector de Policía y tres miembros del Centro de Servicios Judiciales.
Ayer, 11 de los procesados comparecieron ante la jueza 9 penal municipal, Elizabeth Araújo Arnedo (ya van 5 días de audiencia con el de ayer), en una de las salas del Centro de Servicios Judiciales de Cartagena, que está junto a la plaza Benkos Biohó, en el Centro. La jueza empezó ayer la etapa de solicitud de medida tras imputarle cargos, a los que no se allanaron los procesados.
Entre los delitos imputados están constreñimiento para delinquir, prevaricato por acción agravada y falsedad ideológica en documento público. “Yo no me allano a los cargos porque estoy tomando una decisión abiertamente contraria a intereses de la Fiscalía. Por ende, no me allano”, indicó en la diligencia la jueza cuarta penal del circuito Gloria Giraldo, a quien le imputaron el delito de prevaricato por acción con circunstancias de agravación.
La jueza detenida confirmó en segunda instancia la orden de libertad que le otorgó un juez de Garantías en diciembre pasado a Alfonso ‘el Turco’ Hilsaca, quien enfrenta un proceso por presunto apoyo a organizaciones al margen de la ley y por el delito de homicidio.
El funcionario que otorgó en primera instancia esa orden de libertad en diciembre es el juez noveno penal municipal Edwin Volpe Iglesias, a quien le imputaron el mismo delito que a la jueza Giraldo.
La Fiscalía considera que hubo una presunta manipulación en el Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla en cuanto a la asignación de la audiencia en la que pidieron la libertad del empresario bolivarense Alfonso Hilsaca. Según las investigaciones de la Fiscalía, el entonces coordinador encargado de ese centro de servicios judiciales, el juez Rafael Uribe Enríquez, habría constreñido a dos funcionarios para que asignaran la audiencia de Hilsaca al juez de Garantías Volpe Iglesias. El ente acusador considera que este habría tenido que declararse impedido, pues el caso lo habría tenido que atender un juez contra Bandas Criminales, y no uno de Garantías.
Pedirían medida para todos
Ayer trascendió que la Fiscalía, en cabeza del fiscal sexto delegado del eje temático corrupción en administración de justicia, Germán Arias Cortés, pediría medida de aseguramiento para todos los procesados; para algunos con cárcel y para los casos menos graves medida de prisión domiciliaria.
Hay que tener en cuenta que el fiscal judicializado, Óscar Contreras Amarís, está internado en una clínica en Barranquilla tras alegar dolencias cardiacas. En el centro médico legalizaron su captura y están en espera de hacerle la imputación de cargos. Varios de los procesados en Cartagena también han presentado afecciones de salud. Incluso, uno de ellos estuvo el sábado internado en una clínica. Ayer, la audiencia de imposición de medida comenzó a las 10 de la mañana y tuvo un receso a las 2 de la tarde.
Se retomó cerca de las 5 de la tarde. Al cierre de esta edición, el delegado de la Fiscalía hacía su intervención para pedir las imposiciones de medida. Se cree que la audiencia se extenderá por varios días más.
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