La justicia actuó y por la tragedia sin precedentes que enlutó a 21 familias y causó tanta conmoción en la ciudad, ahora hay tres personas que irán a parar a la cárcel de Ternera. (Lea aquí: “Esperamos que los envíen a la cárcel”)
Se trata del constructor Wilfran Quiroz Ruiz, su hijo Luis David Quiroz Camero, y el maestro de obra Luis Alfredo Agresor Torres. Los tres son presuntos responsables del desplome del edificio Portales de Blas de Lezo, que ocurrió el 27 de abril y que además dejó 22 personas heridas.
La decisión de asegurar con detención carcelaria a los tres procesados fue tomada la noche de ayer por la Jueza Novena Penal Municipal de Garantías, luego de escuchar los planteamientos de la Fiscalía, ente acusador y encargado de la investigación del caso, en la audiencia de Garantías. Dichos planteamientos los trataron de tumbar los abogados defensores de los tres hombres. (Lea aquí: Juez impone detención carcelaria a los Quiroz y al maestro de obra)
Las audiencias concentradas comenzaron el jueves y continuaron el viernes, el lunes y el día de ayer. A los procesados la Fiscalía les imputó los delitos de urbanización ilegal, uso de documento falso, homicidio culposo en concurso sucesivo y lesiones culposas en concurso sucesivo. Además de esos, a Wilfran también le imputaron estafa simple.
Sin embargo, por ser la urbanización ilegal y el uso de documento falso los delitos con penas mayores, la Fiscalía pidió que los tres procesados fueran cobijados con medida de aseguramiento intramural basándose en dichos delitos. Indicó la Fiscalía que “con sus construcciones piratas”, los procesados atentaron contra la propiedad privada y que representan un peligro para la ciudadanía. Ese argumento fue apoyado por un abogado representante de tres víctimas y también lo tuvo en cuenta la togada que estuvo al frente de la diligencia.
“Para tomar la decisión, se tuvo en cuenta la gravedad del hecho que ocurrió por la irresponsabilidad con la que actuaron los procesados. Se pensó -ellos- en el interés personal, en ahorrar dinero y no pensar en el interés general. No se puede enviar un mensaje a la comunidad de que esto no es grave. Por su actuar, 21 personas perdieron la vida”, indicó la jueza cuando argumentaba por qué aseguraba con cárcel a las tres personas.
Pero mientras se impartió la medida que la ciudadanía reclamaba contra estas tres personas procesadas, aún siguen prófugos de la justicia el inspector de policía de la Comuna 12, Alfonso Ramos De León, y el director de la oficina de Control Urbano del Distrito, Olimpo Vergara Vergara. Las órdenes de capturas contras estos se emitieron los primeros días de este mes, al mismo tiempo que las de los tres hombres hoy asegurados. Pero pese a las acciones del CTI de la Fiscalía y de la Sijín para atraparlos, estos aún no aparecen.
En las redes hay personas que con un video apoyan a Olimpo y dicen que es inocente. “Si es inocente que dé la cara a la justicia, que venga y se presente a las autoridades”, indicó la familiar de una víctima del desplome al preguntársele sobre lo que pensaba del video. Las autoridades ofrecen hasta $5 millones a quien dé información que conlleve a la captura de los dos funcionarios prófugos. (Lea aquí: De servidores públicos a prófugos de la justicia)
El proceso
Es preciso recordar que luego del desplome, la Fiscalía dispuso de un equipo de tres fiscales. Tres mujeres que representan al ente acusador en el proceso y que llevan la batuta de las investigaciones. Con un equipo de colaboradores, lograron recolectar una serie de elementos materiales probatorios, como entrevistas con personas que sirvieron para testificar que Wilfran era el encargado de la construcción, mientras que su hijo Luis David habría actuado como arquitecto en el edificio desplomado sin aún obtener un título profesional, pues cursa décimo semestre de esa carrera.
Además, la Fiscalía le solicitó a un equipo de ingenieros de la Universidad de Cartagena que realizara un estudio a la estructura desplomada. Este determinó que la estructura desplomada no cumplía con los requerimientos. Las columnas no cumplían con especificaciones técnicas y no se hizo estudio de suelo.
El estudio también reveló que la estructura pesaba 40 toneladas y lo que se requiere para un edificio con esas características son entre 80 y 100 toneladas. Algo que llama la atención es que los ingenieros indicaron que de cada 8 varillas necesarias, solo se ponían tres. La edificación tampoco cumplía con los requerimientos del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), por ejemplo que en la zona solo se permiten construcciones tipo B. Es decir, que las edificaciones solo tengan hasta cuatro pisos, máximo. (Lea aquí: Caso Blas de Lezo: “Las columnas no cumplían con los requisitos”)
Aunque solo una presunta estafa está debidamente denunciada, la Fiscalía indicó que son al menos 18 personas que han indicado que habrían sido estafadas por el señor Wilfran Quiroz con ventas de apartamentos. Precisamente, la estafa simple fue uno de los cinco delitos que le imputaron.
La Fiscalía también recolectó entre el material probatorio la valla que estaba al frente del edificio desplomado, indicando que esta constituía un documentos público y que lo habían falsificado.
Sin embargo, los abogados de los procesados señalaron a la jueza que ese no era un documento público y que por tanto no se podía considerar que lo falsificaron, pues indicaron que el elemento solo servía para dar anuncio a las personas de que allí se construía un edificio. Ante esto, la jueza señaló que la valla no constituía un elemento público, pero sí uno privado y que se había hecho con datos falsos de un permiso que nunca existió y que no fue solicitado, como lo indicó un curador a la Fiscalía.
“Nunca simularon un documento público, sino uno privado. A ese documento privado le consignaron falsedades y los tres procesados estaban allí en la construcción -del Portales de Blas de Lezo II-. Ellos sabían que con la valla lograban otros cometidos”, indicó la Jueza Novena, quien además certificó la muerte de las 21 personas en el desplome y con ello los 21 homicidios culposos. Hasta ahora solo hay tres dictámenes legales sobre las lesiones que sufrieron tres de los sobrevivientes a la tragedia, pero se espera que en el camino del proceso se anexen los dictámenes de los demás heridos.
La decisión de asegurar con cárcel a los tres procesados la tomó la jueza en la audiencia de ayer, a las 6:55 de la tarde. Los abogados de Wilfran y Luis David interpusieron un recurso de reposición para tratar de convencer a la jueza de que reconsiderara la opción de cambiar la medida carcelaria por la domiciliaria. Los abogados hicieron su intervención y luego fue el turno para la Fiscalía.
“La abogada del señor Luis David indicó que la decisión era política y una respuesta o una satisfacción a lo que pide la comunidad y los medios de comunicación. Pero esto no es una decisión por lo que dicen los medios o la comunidad, se ha tomado una decisión sustentada con los elementos que hemos traído”, indicó con una de las fiscales del caso.
A las 8:30 de la noche, cuando un abogado de víctimas hacía su intervención para apoyar a la Fiscalía en que la jueza debía mantener la decisión de la medida carcelaria, Wilfran, por primera vez en todo el proceso, no guardó compostura. Agachó su cabeza, casi al punto de tenerla entre sus piernas.
Dio la impresión que sollozaba y hasta sacó unas pastillas de su bolsillo, hizo el amago de sacar una, pero se arrepintió y las guardó. Su hijo estaba sentado a su derecha y Luis Agresor a su izquierda, a ambos les dio palmadas en los muslos y escuchó lo resto de la diligencia sin la compostura que tuvo hasta ese momento. Instantes después, la jueza dejó en firme la decisión de asegurarlos con medida intramural. La decisión fue apelada por sus abogados y será resulta posteriormente por otro juez.
Protección a testigo
En medio de la diligencia de ayer, la jueza recordó que la Fiscalía había indicado que uno de los testigos claves que tiene el ente acusador fue amenazado. Serían familiares de Wilfran Quiroz quienes habrían ido a la casa del hombre para decirle que tenía “todo revuelto”. Ante esta situación, la Jueza Novena Penal de Garantías indicó que el hombre al que habrían amenazado gozará de protección. Entrará a ser parte del programa de protección a testigos de la Fiscalía.
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