El proceso de juzgamiento contra Wilfran Enrique Quiroz Ruiz, su hijo Luis David Quiroz Camero y Luis Eduardo Agresor Torres, por el desplome del edificio en Blas de Lezo, podría acabarse más pronto de lo que se esperaba: menos de dos meses después de ocurrida la tragedia. La justicia que pedían a gritos los cartageneros podría darse el lunes, porque los abogados defensores de los procesados contemplan hacer un preacuerdo con la Fiscalía en busca de una rebaja de hasta la mitad de la pena que podrían recibir los tres hombres en caso de allanarse a los cargos.
Así quedó sentado en la audiencia de imputación, que empezó el jueves y continuó ayer en la tarde. A los procesados les imputaron los cargos de urbanización ilegal en concurso sucesivo, uso de documento falso, lesiones culposas en concurso sucesivo y homicidio culposo en concurso sucesivo. Además de esos delitos, a Wilfran también le imputaron el de estafa simple.
Se tenía previsto que la diligencia comenzara a las 3:30 de la tarde, pero las cosas sucedieron de modo no convencional. A esa hora, en la sala 3 del antiguo edificio de Telecartagena estaban presentes todas las partes del proceso: las tres fiscales que llevan el caso, la representante de la Procuraduría, los tres procesados y sus abogados, y la jueza Novena Penal de Garantías. En la sala también estaban dos abogados de víctimas y en el público tres mujeres mayores y un joven, familiares de obreros que murieron en el desplome.
Antes que pudiera comenzar la diligencia, el abogado Juan Royero, defensor de Wilfran, empezó a charlar con la jueza y con las fiscales. Manifestó la intención de su defendido de hacer un preacuerdo con la Fiscalía. Es decir, aceptaría su culpabilidad en la investigación en su contra en busca de beneficios. La misma intención mostraban los abogados de Luis David y de Agresor. Entonces se vino un fuerte cruce de palabras entre una de las fiscales y Royero. Buscaban un acuerdo, pero no sería así de fácil. En juego está la justicia por la tragedia que conmovió a Cartagena. Una tragedia sin precedentes en la que murieron 21 obreros y otros 22 personas salieron heridas. Fue el 27 de abril pasado.
Corría el tiempo. Eran las 3:50 de la tarde y mientras los abogados discutían con los fiscales, en el público los cuatro familiares de víctimas parecían congelados. No decían nada, casi ni hablaban entre ellos. Tanto las tres mujeres mayores como el joven estaban vestidos de blanco y negro.
Sus rostros se diluían en una mezcla de seriedad, desgano, dolor. Estaban allí porque querían justicia por la muerte de los suyos, mientras las fiscales salían y entraban a la sala, debatiendo si era prudente o no el preacuerdo que quieren hacer los abogados de los tres procesados, cuando el reloj marcaba las 4:20 de la tarde.
Wilfran, sereno en todo momento, hablaba con sus parientes y sus abogados. Sus ojos gachos en los extremos y su boca un tanto arqueada hacia abajo dan una impresión confusa, entre alegría y melancolía; y su hijo heredó eso. Luis David se levantó de su silla y se agachó un poco para hablar con su abogada, quien estaba sentada. Su padre le siguió y montó un brazo en un hombro de su hijo. Parecían un par de viejos amigos, metidos en el ojo del huracán. Afrontando el ser juzgados por la muerte de 21 personas.
Los minutos seguían pasando. A las 4:25 p. m. tres estudiantes de derecho ingresaron al lugar, querían estar al tanto del proceso. Junto a las dos puertas de acceso a la sala se agolpaban miembros de la Sijín y patrulleros. También del funcionarios del CTI de la Fiscalía.
Los cuatro familiares de víctimas seguían callados, observando la avalancha de comentarios y de personas que entraban y salían. A las 5:35 de la tarde, una de las fiscales se acercó y tuvo una breve charla con estas cuatro personas. “Esa fiscal es una tesa”, escuché rumorar a uno de los presentes en la sala.
Supuse que les comentaban sobre qué les parecía el que la Fiscalía aceptase hacer un preacuerdo con los tres procesados y que les rebajaran la pena en caso de allanarse a cargos. Con ellos también charló uno de los abogados representantes de víctimas.
Instantes después, una pelea en las afueras del complejo judicial entre dos hombres con aspecto de habitantes de calle puso en alerta a los que estábamos en la sala. Querían acuchillarse, pero los policías controlaron la situación rápidamente.
A las 5:05 p. m., las tres mujeres mayores y el joven (familiares de víctimas), salieron del lugar por un momento. Estaban algo agotados y no aguantaban el frío en la sala. Era tal el frío, que una de las fiscales buscó una toga de juez y se arropó. Y a esa hora la audiencia seguía sin comenzar.
Luego de muchas discusiones, a las 5:31 p. m., por fin la jueza dio inicio a la audiencia. En micrófono se presentaron los cuatro familiares de víctimas para dejar constancia que estaban en la diligencia en caso de que hubiese un preacuerdo.
Entonces la Fiscalía empezó su intervención para argumentar por qué debían imputarle los delitos a los procesados. Se aclaró que a Wilfran le imputarían estafa simple y no agravada, porque los apartamentos con los que habría estafado a varias personas no son vivienda de interés social, pues su precio sobrepasa los $150 millones.
La Fiscalía también señaló que la valla que el Portales de Blas de Lezo II tenía en su entrada era falsa, y que eso fue certificado por un documentólogo del CTI. Se trataba de una licencia falsa.
Recalcó que el edificio no cumplía con los lineamientos del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Además, las indagaciones del ente acusador dejaron ver que Luis David, aún siendo estudiante de arquitectura, fungía como arquitecto del Portales de Blas de Lezo II, mientras que en la construcción no había un ingeniero.
“Varios obreros dicen que reconocen a Luis David como arquitecto, quien, con Luis Agresor, impartía órdenes de cómo se hacía la construcción. También que participaron entre noviembre y diciembre de 2016 en la demolición de la vivienda donde se construyó el edificio. Y todos reconocen a Wilfran como el constructor de la obra, era quien pagaba”, señaló una de las fiscales.
A las 6:35 p. m. terminó la intervención de la Fiscalía, que pidió la imputación de delitos a los procesados. Luego, el abogado de Wilfran pidió que la diligencia se aplazara para darle tiempo de conversar con su defendido los términos en los que se podría dar un preacuerdo y lo que ello significaría, teniendo en cuenta que de allanarse a cargos enfrentaría una pena de hasta 12 años de cárcel por el delito de urbanización ilegal, más otros tantos por cada uno de los homicidios culposos y las lesiones culposas. Es decir, se estima que podrían ser más de 20 años de prisión, tanto para él, como para su hijo y el maestro de obra. Aceptar la culpa le significaría una rebaja de hasta la mitad de la pena.
Ante la petición, la jueza se pronunció. “Es un caso complejo. Hay delitos en concursos, son 21 homicidios y lesiones. Excepcionalmente voy a admitir esa solicitud por la complejidad del caso, para que se trate de sacar adelante el preacuerdo. Solo queda pendiente de la audiencia de imputación si los procesados van a aceptar cargos o no. Seguimos el lunes a las 8:30 de la mañana”, concluyó la togada. Al salir de la sala me acerqué a Yasmira Quinata, era familiar de una de las víctimas del desplome. “No estamos de acuerdo con el preacuerdo, en el caso de que lo hagan”, dijo. Luego, se marchó con los suyos.
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